viernes, 23 de mayo de 2014

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Juez sospecha que empleado de Caixabank "La Caixa" falsificó firma de cliente



Cuidadito, cuidadito, nada justifica una salida de la ley, ¿para qué? ¿para conseguir objetivos?, ¿para asegurarse el beneplácito de clientes y así conseguir mantener la cartera?, ¿para no aumentar la morosidad?. Lo decimos siempre, cuando llega el momento ante la ley estamos solos, y nada justifica un comportamiento ilegal, ¿alguien piensa que la empresa estará con nosotros?, ¿el DAN de turno?, ¿el DG?, etc, etc, los únicos que nos acompañan dentro de las posibilidades legales son nuestros representantes, siiii nuestros sindicatos, aunque haya quienes piensen lo contrario, así que ojito compañeros, actuemos con la profesionalidad que nos marca nuestro día a día, haciendo nuestro trabajo como sabemos hacerlo sin desviarnos por ninguna causa.



La juez que instruye el caso de la quiebra de la sección de crédito de la Cooperativa de L'Aldea (Tarragona) sospecha que un empleado de La Caixa falsificó la firma del expresidente de la entidad para abrir una cuenta desde la que se devolvieron parte de los ahorros de los impositores bloqueados.

La juez María Teresa Hernández ha pedido una prueba grafológica para determinar si un empleado de La Caixa falsificó la firma del expresidente José Fernando Falcó para abrir una de las cuentas desde donde se devolvieron parte de los ahorros de los impositores bloqueados en la sección de crédito.

Según se expone en un auto del 2 de mayo, notificado el día 16 a las partes y al que ha tenido acceso Efe, la magistrada ordenó en diciembre de 2013 una prueba pericial caligráfica sobre la firma del expresidente José Fernando Falcó en el contrato de apertura de "diferentes cuentas bancarias en CaixaBank ante la duda de la autenticidad de la misma".

Según consta en el auto, las firmas que constaban en el contrato por parte de la Cooperativa eran las del expresidente, José Fernando Falcó, el exgerente, Daniel Ferré, y el exdirector de la sección de crédito, Enric Sabaté.

Pero, "a raíz de la contestación por parte de la entidad bancaria", expone la magistrada, "se tuvo conocimiento" de que la firma "podría no pertenecer a la del presidente de la Cooperativa de L'Aldea, sino a un empleado de la entidad bancaria".

Según describe el auto, la entidad bancaria comunicó que sólo habían intervenido 3 personas en la firma, aunque hubo 4 rúbricas pertenecientes a personas diferentes y que ante las dudas de la juez, la entidad bancaria dio "diferentes contestaciones" a la misma pregunta.
Por todo esto la juez ha acordado cotejar la firma del empleado de La Caixa con la que consta en el contrato como la de Falcó.

A finales de diciembre de 2012, pocas semanas después del bloqueo de las cuentas, la sección de crédito recogió a través de la recuperación de activos financieros y la recompra de hipotecas y créditos por parte de otras cooperativas un fondo que permitió devolver a los afectados con cuentas a la vista de hasta 1.000 euros la totalidad de sus ahorros afectados, mientras que los impositores con cantidades superiores pudieron recuperar esta cantidad más la mitad restante de las cuentas a la vista; todo ello desde CaixaBank.

Por otra parte, los miembros imputados de la antigua junta rectora de la cooperativa de L'Aldea y el exdirector de la sección de crédito, Enric Sabaté, se oponen a que el Ayuntamiento de L'Aldea pueda personarse como parte afectada en el caso de la quiebra de la sección de crédito que instruye el juzgado número 1 de Tortosa, según un recurso presentado el 7 de mayo y al que también ha tenido acceso Efe.

El exdirector de la sección de crédito, y el presidente, el tesorero y secretario de la anterior junta rectora, José Fernando Falcó, Joan Benito y Lluís Gilavert, respectivamente, consideran que "en cualquier caso los perjudicados son algunos de los ciudadanos del municipio, respecto a los cuales el consistorio, en el ejercicio de sus funciones, decide prestarles auxilio", pero no el Ayuntamiento.

Actualmente están imputadas once personas, la entidad arrastra un agujero económico de más de 7 millones y continúa en concurso de acreedores, mientras unos 4,7 millones, de unos 400 impositores, continúan bloqueados.
EFE
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