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martes, 29 de octubre de 2013

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Las entidades fundadoras de La Caixa, el futuro de su peso político específico


CiU suaviza la enmienda que politizaba a La Caixa

La federación elimina el límite del peso de las entidades fundadoras en los patronatos

El Govern matiza que su interés es garantizar la representación de las entidades originaria


El periodo de presentación de enmiendas a la ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias finalizó ayer con la presentación de las últimas propuestas de los grupos políticos. CiU decidió a última hora matizar la propuesta de limitar a un tercio el peso que tienen las entidades fundadoras de La Caixa, como por ejemplo Foment o la Cambra, en el patronato de la futura fundación bancaria
El patronato es el máximo órgano de gobierno de la fundación bancaria, el equivalente al consejo de administración de las antiguas cajas, que emana a su vez de la asamblea general de la caja. La redacción de la enmienda inicial dejaba a las entidades fundadoras con tan solo cinco miembros, de un total de 15 que puede llegar a tener el patronato, por lo que podría abrir una pugna para designar patronos afines a la gestión o al color político.
Fuentes de la Conselleria de Economia precisaron ayer que el interés del Govern con el planteamiento inicial fue en todo momento «garantizar la presencia de las entidades fundadoras, no limitarla ni politizarla». Finalmente, la enmienda reza que «deberán formar parte del patronato las entidades fundadoras que consten así reconocidas en los estatutos de la caja de ahorros», con lo que se elimina el tope de un tercio.
Las entidades fundadoras de La Caixa son: el Ateneu Barcelonès, el Institut Agrícola Català de Sant Isidre, la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona y Foment. Entre las entidades de interés social se encuentran Cáritas, Centre Excursionista de Catalunya, Cercle de Belles Arts de Lleida, Cercle d'Economia, Institut d'Estudis Baleàric, Observatori de l'Ebre, Òmnium Cultural, Orfeó Catalá, la UB y la UPC.
OBRA SOCIAL / Uno de los principales objetivos de CiU, a través de las enmiendas, es lograr que la Generalitat mantenga la tutela de la Obra Social en la parte que se desarrolla en Catalunya, siendo el resto de la actividad correspondiente a otros territorios competencia de Economía.
El grupo parlamentario que lidera Josep Antoni Duran Lleida también introdujo ayer propuestas de carácter técnico. Resulta relevante la que hace referencia al mantenimiento del mismo trato fiscal a las fundaciones bancarias que reduzcan la participación en el banco cotizado. Esta enmienda, que aplica a las actuales condiciones de consolidación fiscal, permitiría a La Caixa tener un trato fiscal favorable en el caso de que redujera el peso en CaixaBank, donde controla un 73% del capital.
A resultas del rescate de la banca española, las autoridades europeas reclaman a las antiguas cajas que reduzcan el peso en los bancos, por lo que ahora se busca que estas no resulten perjudicadas fiscalmente por llevar a cabo este tipo de operaciones. El PNV registró ayer también una enmienda en esta línea: «Resulta razonable que una caja se pueda plantear anticiparse y rebajar su actual participación en la entidad bancaria antes de la aprobación y entrada en vigor de la futura ley».
OLGA GRAU / Barcelona
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domingo, 5 de mayo de 2013

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El inicio del fin del pareado "CaixaBank", "La Caixa"




El Consejo de Ministro español ha aprobado este viernes un anteproyecto de ley que incluye una serie de medidas para obligar a que la mayoría de las antiguas cajas de ahorro se conviertan en fundaciones con unas amplias condiciones para limitar el control de bancos por este tipo de entidades, de acuerdo con las condiciones pactadas con Bruselas para el rescate de la banca.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado tras el Consejo de Ministros que con este anteproyecto la limitación de las cajas será triple: material, física y de volumen. Según el ministro la ley estará basada en un principio fundamental: que las cajas "nunca" tendrían que haber abandonado su función originaria, ajustada a su territorio y a los ahorradores y a los pequeños y medianos empresarios, además de dedicarse sólo al negocio minorista. Al respecto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que se trata de volver "al sistema anterior a los años 90 y a los años 80", si bien esta nueva normativa afectará sólo a dos cajas (Pollensa y Ontinyent). El resto de cajas que trasladaron su negocio a un banco deberán convertirse en fundaciones bancarias, cuyo régimen jurídico define la nueva norma.
Así,  cajas y fundaciones bancarias, pasarán a ocuparse de clientes minoristas y pymes en un ámbito territorial que no podrá exceder una comunidad autónoma o diez provincias limítrofes. Por su parte, las entidades que se mantengan como cajas en sentido estricto no podrán tener un activo superior a los 10.000 millones de euros o una cuota de depósitos por encima del 35% de los de la comunidad autónoma en la que operen.

Con la nueva norma, el Ejecutivo continúa con la aplicación del Memorandum de Entendimiento acordado con la Unión Europea para la ayuda al sector financiero, que pide a España que desvincule de forma paulatina el control de entidades financieras por fundaciones o cajas de ahorro.
"Una vez transformadas en fundaciones bancarias, se ha diseñado un régimen jurídico para estas nuevas entidades que refuerza en control financiero en función del grado de control efectivo que ejerzan en la entidad participada", indicó el ministerio de Economía en una nota de prensa. Para acelerar la pérdida de control de los bancos por estas entidades, la nueva norma prohibirá que las fundaciones acudan a ampliaciones de capital de los bancos que les permitan mantener una posición de control, y establece condiciones más duras para aquellas cajas que tengan más del 50% de un grupo bancario.
El ministro de Economía ha confirmado que "no hay fecha" para que las antiguas cajas de ahorros reduzcan sus posiciones de control en los bancos a los que dieron lugar. Esta condición afectará fundamentalmente a La Caixa, Kutxabank y Unicaja. De este modo, las fundaciones bancarias podrán reducir progresivamente su participación, lo que permitirá culminar el proceso de reestructuración del sector financiero en un periodo de tiempo razonable. En todos los casos, el Ejecutivo impedirá que los miembros del patronato o de la fundación estén presentes en el consejo de administración del banco y someterá a estos órganos al control del banco de España y del ministerio de Economía. El ministro ha asegurado que la nueva norma no obligará a las antiguas cajas a deshacerse de sus carteras industriales.
Para aquellas fundaciones con una participación superior al 30%, la nueva norma obligará a presentar al Banco de España un protocolo de gestión de su participación en el banco, que regulará desde la relación entre ambas entidades hasta las operaciones vinculadas o la obligación de crear un plan financiero que cubra las necesidades de la entidad. En el caso de que una fundación tenga más de un 50%, situación que viven entidades como CaixaBank, Kutxabank o Unicaja, las fundaciones deberán contar también con un fondo de reserva para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios de la entidad participada.
La norma obligará a los presidentes de estas entidades a escoger entre la presidencia de la fundación y la del banco ya que se impide que los miembros del patronato de las fundaciones bancarias lo sean a su vez del consejo de administración de la entidad de crédito.

Además, las fundaciones bancarias no podrán participar en procesos de ampliación de capital de la entidad de crédito participada a los efectos de alcanzar o mantener posiciones de control.

Otras de las novedades que establece la norma es que el Banco de España impondrá penalizaciones, en forma de un fondo de reserva, a las fundaciones que controlen el 50% o más de un banco, con el fin de dotar posibles necesidades de la entidad filial para apuntalar su solvencia.




Asimismo se establecerán los siguientes límites a las cajas en línea con lo acordado en el MoU con la troika:

- Se producirá la vinculación explícita de la actividad financiera de las cajas con los clientes minoristas y las pequeñas y medianas empresas. Las cajas no podrán dedicarse a otras actividades financieras complejas.

- El ámbito de actuación de las cajas de ahorros no podrá exceder el de una Comunidad Autónoma o de diez provincias limítrofes.

- Las cajas de ahorros no podrán tener un activo superior a los 10.000 millones de euros o una cuota de depósitos por encima del 35% de los de la comunidad autónoma en la que operen.

También se regulan los órganos de gobierno de las cajas con las siguientes novedades:

- Será incompatible formar parte de los órganos de gobierno con loscargos ejecutivos en partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales.

- Se requiere que al menos la mitad de los miembros del consejo sean independientes, no pudiendo tener tal consideración los que sean consejeros generales.

- Todos los miembros del consejo de administración deberán contar con conocimientos y experiencia financieras.

El Gobierno también ha anunciado un régimen fiscal favorable para preservar la obra social. De Guindos ha anunciado que si la obra social sobrepasa una comunidad autónoma, el protectorado será del Ministerio de Economía.
También ha precisado que con este anteproyecto de ley se completa la «última pieza» en el proceso de reestructuración del sector, y que supone «volver al modelo tradicional» de las cajas.

sábado, 13 de abril de 2013

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Cajasol se ha transformado en fundación especial, dirigida y controlada por su Patronato



El Consejo de Gobierno de la Junta ha decidido autorizar la  transformación de la entidad  financiera Cajasol a fundación de carácter especial. Dejará por tanto de tener actividad financiera, y se centrará exclusivamente en su obra social y cultural, a la que se destinarán los fondos, participaciones e inversiones de su patrimonio.
Esta transformación fue acordada el pasado 21 de diciembre de 2012 por la Asamblea General de Cajasol y cuenta, entre otras prescripciones legales y reglamentarias, con el informe sin observaciones del Banco de España.
Tras su conversión, tal como dispone la normativa, la nueva fundación quedará bajo el protectorado de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que podrá nombrar un representante en su Patronato.
En este órgano, integrado por un máximo de 20 miembros, deberán estar representados los mismos grupos que figuraban en el gobierno de la caja transformada, y en igual proporción. Los representantes originarios podrán formar parte del primer patronato de la nueva fundación y permanecer en el cargo por el tiempo que les reste hasta la finalización de sus mandatos.
El Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla, Cajasol, se integró en enero de 2011 en el Sistema Institucional de Protección (SIP) constituido por las cajas de ahorros de Navarra, Canarias y Burgos, con Banca Cívica SA como entidad bancaria central. La totalidad del capital social de ésta estaba suscrito por las citadas cajas de ahorros, correspondiendo a Cajasol el 29,1 por ciento del mismo.
Tras la salida a Bolsa de esta última y su posterior absorción por CaixaBank, la participación de la caja andaluza se redujo al 1,22 por ciento. Con ello perdió la autorización para actuar como entidad de crédito e incurrió en el supuesto de transformación en fundación de carácter especial previsto en la normativa vigente.
Según ha indicado Cajasol, el 28 de diciembre pasado se constituyó formalmente el Patronato de la nueva Fundación, formado por veinte miembros del anterior consejo de administración de la caja, por tanto están representados los mismos grupos que en los órganos de la caja transformada y en la misma proporción. Los patronos permanecerán en el cargo por el tiempo que les restaba para la finalización de sus mandatos en la caja, es decir, en algunos grupos de representación hasta abril de 2015 y el resto hasta abril de 2018.
Cajasol recuerda que la Consejería competente para la regulación y control de las cajas de ahorros, en este caso, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, tal como dispone la normativa, podrá designar una persona que la represente en el Patronato de esta nueva fundación de carácter especial, como ya ocurría en la caja transformada antes con las comisiones de control y electoral y, posteriormente con la comisión de obra social.
Por tanto, el único trámite pendiente tras la autorización por el Consejo de Gobierno sería la inscripción de la Fundación en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
La nueva fundación especial en que se ha transformado la hasta ahora entidad financiera Cajasol, convivirá con la actualmente existente Fundación Cajasol, que mantiene su personalidad jurídica diferenciada, así como su obra social y cultural.
El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha destacado que la transformación aprobada por el Consejo de Gobierno “refuerza la vinculación al territorio de la fundación especial y la vocación social que ha caracterizado históricamente a las entidades fundadoras”.
Asimismo, Antonio Pulido ha remarcado los dos principales objetivos de la fundación especial que será ahora Cajasol: “de un lado, proteger el patrimonio de la caja y, de otro, y optimizar y rentabilizar al máximo sus recursos, impulsando una obra social adaptada a las necesidades de la sociedad, fundamentalmente a través de las actuaciones que favorezcan la atención a los más necesitados, la igualdad de oportunidades, la mejora de la formación, la competitividad y el impulso del emprendimiento”.