La ley que concede ‘superpoderes’ a la CNMV está lista para su aprobación. La gran misión de Elvira Rodríguez desde su llegada al supervisor de los mercados en octubre de 2012 ha sido elevar la autonomía del organismo, tanto la operativa como la supervisora y sancionadora. Una parte de las peticiones está ya conseguida, según el último borrador de la ley de fomento de la financiación empresarial, que puede consultarse en CincoDías.com.
El proyecto está ahora en el Consejo de Estado, que emitirá un dictamen, y después se lo devolverá al Gobierno para que inicie su tramitación parlamentaria.
El aumento de las competencias de la CNMV se produce a través de una intensa reforma de la Ley del Mercado de Valores, que otorga máxima independencia al supervisor que preside Elvira Rodríguez respecto al Ministerio de Economía.
Una de las claves de la norma se refiere a la capacidad de sanción. Hasta ahora, la CNMV se encargaba de imponer las sanciones graves y leves, pero las muy graves dependían en última instancia de la cartera que dirige actualmente Luis de Guindos. No volverá a ser así cuando la reforma haya surtido efecto. El organismo que vela por los mercados informará al Ministerio de Economía de las sanciones, pero no dependerán de él: “Le remitirá con periodicidad trimestral la información esencial sobre los procedimientos en tramitación y la resoluciones adoptadas”, dice el texto.
Perdonará las multas a empresas en problemas
El Ministerio de Economía, a propuesta de la CNMV, podrá condonar o aplazar las multas impuestas a personas jurídicas –como las empresas cotizadas– “cuando hayan pasado a estar controladas por otros accionistas después de cometerse la infracción, estén incursas en un procedimiento concursal o se den circunstancias excepcionales [...]”. Es una situación que puede producirse en Pescanova, sobre la que pesan nueve expedientes y que ahora está bajo control de Sabadell, Popular, Bankia, NCG Banco, CaixaBank y BBVA. Eso sí, los gestores no se salvarán de pagar.
Los poderes de supervisión también se incrementarán exponencialmente. El mistery shopping –el envío de técnicos que comprueben de primera mano y de forma anónima cómo se venden los productos en las sucursales– se convierte en realidad. La CNMV “podrá recabar, por medio de sus empleados, la información sobre el grado de cumplimiento de las normas [...] sin revelar su condición de personal de la CNMV [...]”.
El supervisor vigilará así cómo los bancos comercializan los productos, con el objetivo de evitar colocaciones en avalancha, y en las que en muchos casos hubo abuso de confianza o irregularidades en la cumplimentación de los test de conveniencia (cuando los clientes adquieren instrumentos complejos) y de idoneidad (cuando la entidad presta algún tipo de asesoramiento). Elvira Rodríguez pretende prevenir ventas masivas a pequeños inversores de instrumentos de riesgo, como las participaciones preferentes (en 2009 se vendieron unos 12.000 millones de euros en oficinas) o la contratación de derivados peligrosos para algunos perfiles, como los contratos por diferencias (CFD), sin los preceptivos avisos.
Es más, la CNMV se guarda un as en la manga. Si considera que sus recursos son insuficientes para llevar a cabo este tipo de supervisión, hasta ahora inédita, “podrá contratar con expertos la elaboración de informes sobre el grado de cumplimiento de las normas que afectan a los mercados de valores [...]”. Serán una especie de detectives en las oficinas que también actuarán de forma anónima.
Auditorías forenses
La capacidad de actuar en caso de problemas serios en la contabilidad de una cotizada, como ocurrió con Pescanova, se solventa con otra reforma.
La CNMV abre la puerta a “recabar la colaboración de auditores de cuentas, consultores y otros expertos independientes”. Por ejemplo, en Pescanova fue la propia compañía pesquera la que contrató a KPMGpara que elaborara la auditoría forense –centrada en detectar fraudes contables–, si bien la CNMV forzó la legislación para poder vigilar de cerca el proceso. Ahora tendrá libertad para contratar a quien crea necesario.
Otra novedad será la publicación inmediata de la apertura de expedientes, “una vez notificada a los interesados y tras resolver sobre los aspectos confidenciales [...]”. En esencia, la CNMV funcionará como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que publica un comunicado cada vez que abre una investigación por una posible conducta susceptible de sanción. No pasarán años, como ahora, hasta conocerse cuáles son las entidades sancionadas.
Regulación
La CNMV dispone ahora de una mínima capacidad regulatoria. Solo puede dictar normas cuando está expresamente previsto en las normas de rango superior. Con la reforma, la CNMV podrá elaborar guías técnicas y tendrá capacidad de exigir a los supervisados que las cumplan. Igualmente, el supervisor “podrá hacer suyas [...] las guías que aprueben los organismos o los comités en la regulación y supervisión del mercado de valores”. Es decir, podrá dar carta de obligación a las guías del supervisor europeo de los mercados (Esma).
Autorización
La CNMV asumirá varios papeles hasta ahora en manos del Ministerio de Economía. Será el supervisor el que autorice la creación de las empresas de servicios de inversión. Es decir, dará luz verde a las sociedades de valores, agencias y gestoras de cartera. Ahora, las únicas a las que la CNMV puede autorizar son a las empresas de asesoramiento financiero (Eafi). El supervisor será el que autorice los mercados secundarios oficiales y el que permitirá que los bancos puedan realizar actividades de registro, compensación y liquidación. Eso sí, informará a Economía de todo ello.
Personal
Este punto no se toca en la actual reforma, pero el Gobierno se ha mostrado favorable a cambiar las limitaciones de la CNMV, que está sujeta a las restricciones impuestas sobre las ofertas de empleo público, que requieren una aprobación gubernamental explícita. Pide poderes similares a los del Banco de España, que goza de capacidad para cubrir sus necesidades de plantilla. Además, la CNMV no necesita financiación, pues gana dinero (4,1 millones en 2013).
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