La investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por los gestores que pilotaron la fusión de Banca Cívica y su posterior salida a bolsa puede acabar afectando a CaixaBank, la entidad que absorbió este grupo integrado por cuatro cajas de ahorro en agosto de 2012. Así lo apuntan fuentes cercanas a un proceso que está comenzando a dar sus primeros pasos en la Audiencia Nacional.
La Fiscalía acaba de solicitar al juez Eloy Velasco que admita la querella interpuesta por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) para que se investiguen las irregularidades que se cometieron en la gestión de Banca Cívica, el grupo creado en 2010 como resultado de la integración de Caja de Ahorros de Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Cajasol. En la denuncia, UPyD sostiene que los administradores de Banca Cívica manipularon sus cuentas para aparentar una mayor solvencia que la real. La ficción produjo un perjuicio a alrededor de 26.000 inversores, que perdieron el 50% del importe invertido.
El Ministerio avala esta tesis y considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de los delitos de apropiación indebida, estafa, falsificación de cuentas y maquinación para alterar el precio de las cosas. La querella señala como responsables a los consejeros que guiaron a Banca Cívica en el camino hacia su colapso, y a la propia entidad. Sin embargo, CaixaBank puede acabar en el banquillo, debido a una cuestión técnica, afirman las mismas fuentes consultadas por este diario.
Un supuesto recogido por el Código Penal
El motivo es que, al haber absorbido a Banca Cívica, CaixaBank tiene ahora que hacerse cargo de las responsabilidades civiles y penales en las que incurra la entidad asimilada. Así lo especifica el artículo 130.2 del Código Penal, que no deja espacio para la duda: “La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión. El Juez o Tribunal podrá moderar el traslado de la pena a la persona jurídica en función de la proporción que la persona jurídica originariamente responsable del delito guarde con ella”.
Una fuente oficial de CaixaBank asegura que son conscientes de que la investigación penal puede acabar afectando a la entidad, pero remarca que, en todo caso, lo que está en cuestión son “hechos no cometidos por CaixaBank, sino por Banca Cívica, que es en realidad a quien se está enjuiciando”. “Ante esta posibilidad, nos gustaría remarcar que no tenemos ninguna culpa de las decisiones que tomaron otros. Nosotros sólo hemos heredado esos problemas”, insisten las fuentes.
La Fiscalía también ha pedido al juez Eloy Velasco, que es sobre quien ha recaído el caso, que solicite al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona que se inhiba de la investigación sobre Banca Cívica, que fue inicialmente abierta en esta sede. El Ministerio Público considera que la instancia que debe juzgar los hechos denunciados es la Audiencia Nacional por la implicación en la causa de entidades situadas en diferentes comunidades autónomas.
Similitudes con Bankia
El juez Velasco aún no se ha pronunciado, pero la posición de la Fiscalía, incorporando los datos denunciados por UPyD, dispara las opciones de que la deriva financiera de Banca Cívica acabe siendo investigada por la Audiencia Nacional. La misma sede judicial instruye desde hace ocho meses el caso Bankia, un episodio que guarda grandes de similitudes con la caída de este otro grupo de cajas de ahorro.
Sin embargo, hay una diferencia fundamental: que Bankia prosigue en estos momentos su actividad como una entidad independiente y, por tanto, sigue siendo la destinataria última de las responsabilidades civiles y penales que se deriven de la investigación judicial. En el caso de Banca Cívica, ya desaparecida, cualquier responsabilidad recae en CaixaBank, propietaria de lo que queda del grupo absorbido.
