Por qué necesitamos una banca pública
Durante los próximos meses nuestro país tendrá que enfrentar nuevos e importantes retos sociales, políticos, económicos y ecológicos. Por eso no parece que tenga mucho sentido que el debate actual, sobre la conformación de un nuevo Gobierno, esté girando en torno a abstracciones y riñas de poder en el seno de los partidos. El clásico quítate tú que me pongo yo. Al contrario, lo sensato es el planteamiento de propuestas concretas, programáticas, que ofrezcan una respuesta válida a todos esos retos. Y, sobre esas propuestas, el debate serio y honesto.
Uno de esos retos es el que afectará al sistema financiero español. Como es sabido, la reciente crisis financiera y la política de los últimos gobiernos han cambiado completamente el panorama del sector. Las cajas de ahorro se han transformado definitivamente en bancos —en un proceso en el que, no obstante, llevaban inmersas muchos años— y unas pocas entidades se han hecho con el control del mercado. Al mismo tiempo, la política de privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas del Gobierno del PP ha permitido sanear los balances de muchas entidades e incluso nacionalizar de facto algunas de ellas. Sin embargo, la economía real no parece haberse beneficiado de todo ello y, en tanto el sistema financiero vive de la economía real —cosa que tiende a olvidarse demasiado a menudo—, han vuelto las tensiones al sector.
Y es que la presunta recuperación económica —en realidad bonanza macroeconómica y miseria microeconómica— está basada en la inyección billonaria de dinero en el sistema financiero internacional. Los principales bancos centrales del mundo desarrollado han abierto una barra libre de liquidez que ha inundado el sistema financiero y ha animado los mercados durante los últimos años. Subieron las bolsas, bajó la prima de riesgo y, en suma, aquellos actores que operaban en el sistema financiero vieron cómo continuaba el flujo de dinero —y de especulación— y con ello también sus ganancias. Pero por lo general ese dinero no ha bajado a la economía real, que sigue asolada por el paro, la precariedad y la desigualdad, y estas prácticas solo han servido para mantener los indicadores macroeconómicos aparentemente sanos. Pero lo que realmente hay de fondo es la crudeza de las burbujas financieras, y las tensiones y las contradicciones no tardarán mucho en estallar. De hecho, ya vemos algunas señales en la situación reciente de las bolsas en Estados Unidos y China.
Una nueva crisis financiera internacional es una hipótesis cada vez más plausible, y las condiciones objetivas ya se dan. Las consecuencias para una economía como la nuestra serían dramáticas, más aún cuando los últimos años no han sido aprovechados para fortalecer los instrumentos públicos. Sin embargo, estamos a tiempo de responder si un nuevo Gobierno manifiesta y pone en marcha tal voluntad política. Y la propuesta aquí es clara: paralizar de forma inmediata el proceso de privatización de las entidades financieras nacionalizadas y aprovechar la situación actual para conformar y extender un polo de banca pública que permita afrontar con mayores garantías los retos próximos.
No cabe duda de que el sistema financiero español, como el europeo, necesita una regulación más estricta que alinee sus intereses a los de la economía real. Hay que revertir esa desconexión que existe entre el mundo financiero y la economía real. Al tiempo que es fundamental que exista un polo de banca pública con la que poder proteger a la ciudadanía y a nuestros ahorros, facilitar una política de alquiler público barato, reducir el imponente poder de la oligarquía financiera, establecer líneas de crédito a sectores productivos relevantes y transformar nuestro modelo productivo. Todo eso es necesario pero también posible… si se quiere.
Y es que la presunta recuperación económica —en realidad bonanza macroeconómica y miseria microeconómica— está basada en la inyección billonaria de dinero en el sistema financiero internacional. Los principales bancos centrales del mundo desarrollado han abierto una barra libre de liquidez que ha inundado el sistema financiero y ha animado los mercados durante los últimos años. Subieron las bolsas, bajó la prima de riesgo y, en suma, aquellos actores que operaban en el sistema financiero vieron cómo continuaba el flujo de dinero —y de especulación— y con ello también sus ganancias. Pero por lo general ese dinero no ha bajado a la economía real, que sigue asolada por el paro, la precariedad y la desigualdad, y estas prácticas solo han servido para mantener los indicadores macroeconómicos aparentemente sanos. Pero lo que realmente hay de fondo es la crudeza de las burbujas financieras, y las tensiones y las contradicciones no tardarán mucho en estallar. De hecho, ya vemos algunas señales en la situación reciente de las bolsas en Estados Unidos y China.
Una nueva crisis financiera internacional es una hipótesis cada vez más plausible, y las condiciones objetivas ya se dan. Las consecuencias para una economía como la nuestra serían dramáticas, más aún cuando los últimos años no han sido aprovechados para fortalecer los instrumentos públicos. Sin embargo, estamos a tiempo de responder si un nuevo Gobierno manifiesta y pone en marcha tal voluntad política. Y la propuesta aquí es clara: paralizar de forma inmediata el proceso de privatización de las entidades financieras nacionalizadas y aprovechar la situación actual para conformar y extender un polo de banca pública que permita afrontar con mayores garantías los retos próximos.
No cabe duda de que el sistema financiero español, como el europeo, necesita una regulación más estricta que alinee sus intereses a los de la economía real. Hay que revertir esa desconexión que existe entre el mundo financiero y la economía real. Al tiempo que es fundamental que exista un polo de banca pública con la que poder proteger a la ciudadanía y a nuestros ahorros, facilitar una política de alquiler público barato, reducir el imponente poder de la oligarquía financiera, establecer líneas de crédito a sectores productivos relevantes y transformar nuestro modelo productivo. Todo eso es necesario pero también posible… si se quiere.
Alberto Garzón Espinosa
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/31/actualidad/1454257306_200029.html
Por qué no necesitamos una banca pública
El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, publicó este pasado lunes un artículo en el diario El País -que fue a su vez recomendado y aplaudido por el propio Pablo Iglesias- bajo el expresivo título de "Por qué necesitamos una banca pública". A su entender, el futuro Gobierno de España deberá reconvertir las nacionalizadas Bankia y Banco Mare Nostrum en un gran banco público para así alcanzar un doble objetivo: por el lado de la gestión de los activos bancarios, la entidad debería proporcionar líneas de crédito a "sectores productivos relevantes"; por el lado de la gestión de los pasivos bancarios, se centraría en "proteger a la ciudadanía y nuestros ahorros". Si el argumento así expuesto les parece vacuo, no esperen encontrar una mayor concreción en el texto original de Garzón: ahí termina toda su narración.
Sea como fuere, el líder de IU está apostando por proporcionar al Estado una herramienta con la que intervenir en la economía a través de la provisión de crédito: en otras palabras, la banca pública se dedicaría a otorgar crédito a aquellos sectores productivos que el Gobierno de turno quiera promover. La cuestión, claro está, es por qué necesitamos un banco público para que esos "sectores productivos relevantes" obtengan la financiación que necesitan para desarrollarse: ¿por qué no optan simplemente por captar esa financiación en los amplísimos mercados financieros? ¿Qué les puede aportar de novedoso o de diferente un banco público a esos "sectores productivos relevantes"? En realidad, la función de la banca pública sólo puede ser la de financiar aquellos proyectos productivos que la banca privada (y otros potenciales inversores privados) se niega a financiar o, al menos, hacerlo en condiciones mucho más laxas (tipos de interés más bajos, menores garantías, mayores plazos de devolución...). Pero, ¿por qué motivo se niegan los inversores privados a financiar tales "sectores productivos relevantes"? ¿Estamos acaso ante algún tipo de conspiración antipatriótica o de absoluta ceguera profesional que necesite ser contrarrestada mediante la decidida intervención del Estado?
Durante muchos años, Alberto Garzón estuvo defendiendo la tesis de que la economía real no recibía crédito de inversores privados porque a éstos les resultaba mucho más rentable especular en la economía financiera: es decir, el capital se quedaba estancado en el mundo financiero, aislándose del mundo real verdaderamente productivo (en su artículo en El País, de hecho, Garzón sigue criticando la "desconexión" entre la economía real y la financiera). Sin embargo, semejante argumento no resulta en absoluto defendible a día de hoy: actualmente, los inversores privados están comprando deuda pública incluso a intereses negativos, lo que demuestra que las rentabilidades con las que muchos de ellos se conforman son nulas. ¿Por qué, entonces, creemos que esos mismos inversores no se lanzarían a financiar los sectores que el Gobierno de turno considere "relevantes"?
Pues, simple y llanamente, porque son sectores considerados como ruinosos o excesivamente arriesgados por la totalidad de millones de potenciales inversores que se juegan su dinero o el de aquellas personas que voluntariamente se lo han cedido para que se lo gestione: por todos salvo, oh casualidad, por el único inversor que se juega el dinero que ha extraído coactivamente a los demás, esto es, el Estado a través de su banca pública. ¿No será, acaso, que lo que Garzón llama "sectores relevantes" no son más que "caprichos ideológicos" sin fundamento económico alguno?
Y, en efecto, de eso trata la banca pública: de promover políticamente lo que al burócrata le interesa promover. El conjunto de los contribuyentes pagaremos sus caprichos mediante la continuada socialización de sus pérdidas. La seguridad que a los ahorradores les proporciona esa banca pública no es la que procede de haber inmovilizado su capital en proyectos productivos seguros y rentables, sino la que deriva de la capacidad del Estado para expoliar al ciudadano y cubrir con los ingresos tributarios aquellos fiascos vinculados a la promoción de sus ruinosos "sectores relevantes".
Ciertamente, uno podría mantener ciertas dudas razonables con respecto al razonamiento anterior: tal vez, podría pensarse, la banca pública no sea tan mala como el sentido común nos indica. O, mejor dicho, uno podría mantener ciertas dudas razonables al respecto en casi cualquier país del mundo... salvo en España.
A la postre, una sociedad que acaba de sufrir en sus propias carnes el completo desastre de esa banca pública llamada "cajas de ahorro" debería ser bastante consciente de que no deberíamos volver a las andadas: por mucho que los políticos aspiren a contar con títeres financieros en forma de banca pública para sufragar sus caprichos ideológicos o sus pelotazos oligárquicos, los ciudadanos deberíamos oponernos frontalmente a ello.
No más politización financiera. No con nuestro dinero: si quieren su banquito, que lo monten con el suyo.
Juan Ramón Rallo
http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/7323416/02/16/Por-que-no-necesitamos-una-banca-publica.html
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