Este manifiesto lo suscriben organizaciones como: UGT, la Asociación para la Tributación de las Transacciones financieras y la acción ciudadana (ATTAC), el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), la Plataforma Contra los desahucios, la Plataforma por la nacionalización de las Cajas de Ahorro, Izquierda Unida, entre otros.
"Las organizaciones y personas que suscribimos este Manifiesto, como el conjunto de la ciudadanía, nos encontramos ante una gigantesca crisis financiera de enorme impacto presente y peligrosas implicaciones futuras para el conjunto de la sociedad, crisis que coloca a algunas instituciones en situación de quiebra y que ha requerido la imposición de un enorme rescate por parte del Eurogrupo. Una grave situación originada por la combinación de un modelo de sobreendeudamiento y de una pésima gestión pública y privada, cuyo alcance y responsables deben ser investigados para exigir todas las responsabilidades tanto si ha habido actuaciones ilícitas como mala gestión política o administrativa.
La ciudadanía tiene derecho a conocer las causas que nos han llevado a esta situación y a exigir responsabilidades por una gestión deplorable: créditos temerarios, operaciones de dudosa legalidad, operativa hacia y desde paraísos fiscales, evaluación cómplice de los riesgos, posible falsedad de los balances contables, financiación de inversiones en infraestructuras sin ningún respaldo técnico y económico solvente (que han dado lugar a aeropuertos inútiles, a cientos de miles de viviendas vacías al tiempo que se desahucia a familias con dificultades para pagar su hipoteca y a urbanizaciones y polígonos sin uso), cuantiosos créditos para operaciones corporativas globales o para intereses particulares con condiciones muy favorables, retribuciones y pensiones escandalosas de los miembros de los Consejos de Administración.
Todo ello amparado en una escasa diligencia en la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España, este último más ocupado en presionar para que se acometieran recortes y reformas en otros ámbitos –especialmente el laboral y el del sistema público de pensiones- que en ejercer con rigor sus competencias, lo que ha supuesto un desprestigio inaceptable del supervisor público.
Los firmantes de este Manifiesto defendemos que el Congreso de los Diputados investigue todo lo ocurrido en el sistema financiero español, apoyamos y apoyaremos todas las peticiones para que se cree una Comisión de Investigación. Las comparecencias, debates y conclusiones de esta Comisión deben ser públicos y la Comisión debe analizar especialmente la gestión en las instituciones intervenidas o que puedan intervenirse o a las que sean receptoras de los préstamos del rescate europeo, así como los procesos de fusión de entidades realizados o por realizar y aquellos que han sido apoyados con ayudas públicas.
Esta exigencia no decae porque el Congreso haya rechazado las propuestas en este sentido presentadas en el Pleno del 12 de junio de 2012. Al contrario, ese hecho refuerza nuestro propósito y hace más necesaria aún esta exigencia ciudadana.
La responsabilidad democrática es un valor importante al que debe subordinarse el Gobierno y cualquier otro interés. Los ciudadanos y ciudadanas debemos conocer lo que ha pasado y lo que está pasando. Si los intereses financieros especulativos, por su propio beneficio, exigen a los representantes políticos, la ocultación de la realidad; los ciudadanos exigimos, en defensa propia, transparencia informativa. Cuando ese conocimiento se niega al pueblo, a la par que lo tienen los especuladores, los causantes de los problemas, la prensa internacional o los responsables de instituciones y negocios privados, se debilita seriamente la democracia. La verdad de esta crisis debe ser conocida por todos y todas. Es una auténtica Comisión de la Verdad lo que exigimos.
No son tampoco aceptables los argumentos economicistas para ocultar la realidad. No estamos condenados a aceptar ciertas soluciones ante las irresponsabilidades denunciadas. Existen otras soluciones para los problemas que están en la raíz de la crisis.
Desde que comenzó la crisis, Bancos y Cajas han recibido más de 500.000 millones de euros en ayudas de distinto tipo (ayudas directas, avales para renegociar sus créditos, préstamos transformables en capital y créditos blandos del Banco Central Europeo). Mediante la privatización y bancarización de las Cajas de Ahorro, seguidas ahora de su intervención a través de los mecanismos financieros públicos, se han transferido enormes cantidades de dinero público español y europeo a las instituciones financieras privadas y privatizadas.
En el caso de Bankia, el Gobierno va a reforzar el capital del banco con casi 24.000 millones de euros (cerca de 2,5 veces lo que se recorta en educación y sanidad). Y es evidente que otros Bancos y Cajas van a necesitar aún más dinero.
Los firmantes de este Manifiesto consideramos imprescindible la construcción de una Banca Pública con una operativa no especulativa, transparente, con control social y al servicio de la actividad productiva y las necesidades sociales. Para nosotros, ésta es una forma adecuada de facilitar crédito a los pequeños empresarios, a las familias y a la provisión de bienes y servicios públicos.
Así mismo, los firmantes de este Manifiesto creemos que existen otras alternativas para lograr recursos que impulsen la economía productiva como son la reducción de la economía sumergida en 10 puntos de PIB y la lucha contra el fraude fiscal (mediante las correspondientes reformas de los servicios públicos encargados de la misma) así como reformas fiscales que permitan la creación de un Impuesto sobre la riqueza y de un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas, la restricción al sistema de módulos y al trato preferente de las SICAV, la elevación de tipos para las rentas del ahorro y las ganancias patrimoniales especulativas.
Consideramos igualmente necesario impulsar en Europa la implantación de un Impuesto a las Transacciones Financieras, la democratización del BCE, cuyo papel debe ampliarse para respaldar la deuda soberana, y la prohibición de las operaciones en corto contra la Deuda Pública.
En cuanto al rescate impuesto por el Eurogrupo, al día de hoy no se han explicado aspectos tan sustanciales del mismo como la justificación de su cuantía, los tipos de interés, el plazo de amortización, las condiciones a imponer a las entidades que soliciten el préstamo, las garantías exigidas al Estado español, la contribución española a este préstamo y su impacto en la cifra del endeudamiento y en el objetivo del déficit, la periodicidad y exhaustividad de los controles de la “troika” a los que España será sometida, ni el margen de maniobra del Gobierno para aplicar sus políticas económicas y fiscales dentro de los límites propuestos por el Eurogrupo el 31 de mayo de este año, como la subida del IVA y de los impuestos a los carburantes, la disminución de las cotizaciones sociales, la reforma del mercado laboral, la disminución de las prestaciones por desempleo o el anticipo del endurecimiento del acceso a la jubilación.
Todo ello se añade a los recortes que ya se aplicaron en la educación, la sanidad, las prestaciones por dependencia y las políticas activas de empleo. El Gobierno ha añadido 10.000 millones de euros en recortes a la inversión en la educación, perjudicando así el futuro de nuestros hijos y de nuestra sociedad, y al gasto en sanidad pública, que es fundamental para la salud y el bienestar de todos nosotros. Las partidas presupuestarias para la formación y el fomento de la reinserción laboral de los desempleados se han recortado un 21%. Además, con los ajustes que el Gobierno impone a las Comunidades Autónomas, estas tendrán que optar por hacer más recortes en estos servicios sociales básicos o hacerlos en otros gastos, mermando en todo caso la calidad de los servicios públicos.
La ciudadanía no puede permanecer impasible ante este brutal contraste, según el cual es fácil aumentar 10 puntos de PIB la deuda pública para salvar a los banqueros y no es posible garantizar el gasto que afecta a condiciones básicas de vida de los ciudadanos y del futuro del país y a la situación de los trabajadores del sector. Tampoco ante la ocultación sobre las responsabilidades de todo tipo que nos han llevado a esta crisis, caiga quien caiga.
Hay que investigar, porque a esta crisis no la ha provocado una catástrofe natural. Aquí hay responsables y víctimas y alguien tiene que explicar por qué tenemos que pagar entre todos este inmenso fraude de unos pocos. Nunca estuvo tan justificada una comisión de investigación para conocer la verdad. La credibilidad, interna y externa, sólo puede darla la verdad, la transparencia y la depuración de todas las responsabilidades.
Hay que investigar, porque a esta crisis no la ha provocado una catástrofe natural. Aquí hay responsables y víctimas y alguien tiene que explicar por qué tenemos que pagar entre todos este inmenso fraude de unos pocos. Nunca estuvo tan justificada una comisión de investigación para conocer la verdad. La credibilidad, interna y externa, sólo puede darla la verdad, la transparencia y la depuración de todas las responsabilidades.
Las organizaciones que firmamos este Manifiesto desarrollaremos con total autonomía las iniciativas propias que mejor permitan alcanzar los objetivos que nos proponemos en el mismo, al mismo tiempo que respetamos y valoramos positivamente todas las iniciativas que hasta ahora se han formalizado con contenidos y finalidades equivalentes. Nuestra pretensión es contribuir, junto a los restantes esfuerzos que se realizan con la misma intención, a que una imparable movilización ciudadana obligue a los representantes políticos a cumplir sin más dilaciones con sus obligaciones.
Los ciudadanos y ciudadanas de este país tenemos derecho a conocer la verdad y no pararemos hasta conseguirlo utilizando todos los medios que la democracia nos garantiza".
