La causa responde a una denuncia del grupo 'Urbanizadora Rojas' por la operación en la que tuvo que asumir la compra de los terrenos
El Juzgado de Instrucción número cinco de
Sevilla, merced a la denuncia promovida por la sociedad limitada
unipersonal (SLU) 'Urbanizadora Rojas' contra la antigua caja de ahorros
Cajasol a cuenta de la operación de compra de los terrenos bautizados
como BP5 del desarrollo urbanístico de Entrenúcleos, en Dos Hermanas, ha
resuelto la "imputación" de seis personas, directivos de la antigua
Banca Cívica y CaixaBank, entre las que figura Antonio Pulido,
presidente de la Fundación Cajasol y máximo dirigente de la citada y
extinta caja de ahorros.
La denuncia, recogida por Europa Press, expone que la ya extinta
caja de ahorros Cajasol, incorporada al grupo de cajas de ahorro Banca
Cívica hasta que éste último fue fagocitado por CaixaBank, era la
propietaria de los citados suelos del sector Entrenúcleos de Dos
Hermanas. Se trataba, según la denuncia, de un activo "tóxico" cuya
adquisición "impuso" supuestamente Cajasol al Grupo Inmobiliario Ferro,
al que pertenece 'Urbanizadora Rojas', durante la negociación de
"soluciones" financieras a los "problemas" que este grupo promotor
sufría.
COMPRA POR "OBLIGACIÓN"
"Las negociaciones para la compraventa de los terrenos referidos
estaban sometidos a la obligación de Cajasol de otorgar una financiación
en condiciones supuestamente inmejorables y preferenciales", señala la
denuncia, porque en aquellos momentos la situación de la empresa hacía
"desaconsejable" operaciones inmobiliarias de esta naturaleza. La
empresa, así, fue presuntamente "obligada a comprar dicho terreno a un
precio superior a lo permitido por Ley en casi cuatro millones de
euros".
"Cajasol, a pesar de la prohibición de vender terrenos destinados a
la construcción de viviendas de protección a un precio superior al
establecido por Ley, procede a la imposición de la compra a Ferro a un
precio muy superior, aprovechando la situación de desesperación y
ahogamiento financiero de la empresa y bajo el engaño de que era la
única solución para generar recursos para atender su endeudamiento",
señala la denuncia, toda vez que finalmente, el grupo Ferro no habría
gozado de la financiación acordada en esta operación dando lugar al
conocido conflicto que rodea a estas viviendas protegidas del sector
Entrenúcleos.
DAÑOS Y PERJUICIOS
A tal efecto, acusa el grupo Ferro a la antigua caja de ahorros
Cajasol de incumplir las "condiciones de disposición del préstamo"
acordado, algo "fundamental para la aceptación de la compra del terreno
de referencia", y calcula más de 34 millones de euros en concepto de
posibles daños y perjuicios.
En un auto de fecha 6 de diciembre de 2012, el Juzgado de
Instrucción número cinco de Sevilla recogía ya esta denuncia al detectar
"la posible existencia de una infracción penal". Ahora, a través de una
providencia fechada el 11 de abril de 2013 y recogida por Europa Press,
esta instancia judicial resuelve la "imputación" de Antonio Pulido, el
"representante legal" de CaixaBank (antigua Cajasol), Lázaro Cepas
Martínez, Francisco Javier Fernández Sobrino, Baldomero Marín Camargo, y
Miguel Valera Moreno, señalando el 22 de mayo como fecha de su
citación.
POSICIÓN DE LOS DIRECTIVOS
Por su parte, fuentes de los directivos consultadas por Europa
Press, han indicado que la empresa denunció porque "se produjeron dos
denegaciones de crédito, ya que no cumplían con las garantías".
Las fuentes han indicado que ha sido el comité de riesgos, formado
por personal técnico, el que ha denegado esa operación de préstamos dos
veces, una cuando aún operaba Banca Cívica y otra cuando ya estaba
CaixaBank.
Los directivos consultados han asegurado que están "tranquilos"
ante este proceso, toda vez que se produjeron las denegaciones de los
préstamos "porque no se cumplía con las garantías".
