Sí, sí lo sabemos este post es gigante, pero no tiene desperdicio.
Reproducimos los completísimos post con 'pelos y señales' que se publican en el blog El blog de Pepe Fernández, y añadimos toda la información que nos está llegando a nuestro buzón. Estamos expectantes, ya que esto apunta a un periodo, pero ¿que ocurre con otras etapas en estas cajas? adjuntamos también nuevo frente de investigación sobre la Fundación Cajasol. Y que no se nos olvide Banca cívica
Diário El País (02 12 2002) UGT solicita a San Fernando que investigue una cuenta en favor de sus directivos
Diario digital Andaluces.es UGT denunció en 2002 tarjetas ‘black’ de la Caja San Fernando
Diário VOZPÓPULI Más 'tarjetas black': Caja San Fernando ya fue señalada en 2002
Juan Antonio López Benjumea, presidente de Caja San Fernando en la etapa de las 'tarjetas black'. - Foto EFE
La sección sindical de UGT distribuyó entre los trabajadores dos circulares en las que aseguraba que nueve directivos de la entidad habían tenido hasta aquel año 'American Express' con cargo a una cuenta fantasma. Nunca llegó a los tribunales.
No eran 'Visas' sino 'American Express', pero supuestamente tenían el mismo objetivo:gratificar a los directivos de la entidad financiera con dinero oculto al fisco. Las polémicas tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia no han sido, ni mucho menos, las únicas de estas características existentes en el sistema financiero español. Caja San Fernando, una de las entidades desaparecidas tras la cadena de fusiones y absorciones que ha simplificado el panorama bancario español en los últimos años, también utilizó supuestamente este polémico sistema de retribución hace 13 años para nueve de sus consejeros. Así lo denunció la sección sindical de UGT en la entidad a finales de 2002 en una nota interna en la que además detallaba la apertura de una supuesta cuenta fantasma donde se cargaban los gastos que se hacían con ellas para pagar "viajes privados de los beneficiarios". Aquella denuncia, sin embargo, nunca llegó a los tribunales, reconocen fuentes sindicales consultadas ahora por Vozpópuli.
En su denuncia, la UGT ya destacaba que este sistema de retribuciones no tenía "repercusiones fiscales" para los nueve consejeros beneficiados
La misma se quedó en dos circulares para los trabajadores de la entidad que entonces tuvieron escaso eco en los medios de comunicación. Sin embargo, el mecanismo que se denunciaba en una de estas notas internas, y que ayer fue recuperada en su blog por el periodista andaluz Pepe Fernández, revela la gran similiutd que guardaban con las tarjetas opacas de Caja Madrid que han provocado el actual terremoto y la imputación de tres directivos de la entidad. Así, UGT aseguraba en noviembre de 2002 que el anterior Consejo de Administración de Caja San Fernando, encabezado por el militante socialista Juan Manuel López Benjumea y que había sido revelado en su mayor parte en diciembre de 2001, había abierto una cuenta a nombre de una sociedad pendiente de constitución y que, para ello, habían utilizado el CIF del propio banco. El primer ingreso, y que supuestamente correspondía con el desembolso del capital social de dicha mercantil, había sido de 8,5 millones de pesetas (51.000 euros). Según la denuncia, las firmas autorizadas en aquella cuenta eran de dos directivos de la propia entidad.
UGT ya destacaba la irregularidad de dicho depósito ya que, según resaltaba, en cualquier cuenta abierta a una sociedad "en fase de constitución sólo se puede realizar el apunte de apertura, que debe corresponder con el desembolso del capital social y mientras no se formalice la constitución, en la cuenta no se deben realizar movimientos y el saldo debe permanecer bloqueado". Algo, que, sin embargo, la representación de los trabajadores de la entidad aseguraba que no se había producido y que, de hecho, "la cuenta referida ha tenido cerca de 400 movimientos". Parte de éstos eran ingresos realizados "desde el centro contable 2600", correspondiente a la Dirección de Área de Auditoria y Control de Gestiónde la Caja y que los mismos habían ascendido a 45 millones de pesetas (270.455 euros).
"Anticipos encubiertos"
Ese dinero era posteriormente extraído supuestamente de la cuenta "a través de tarjetas American Express" de las cuales eran titulares nueve directivos de la entidad, entre ellos el que había sido su presidente y los dos que figuraban como autorizados en las cuentas. "Cada uno de ellos tenía asignada una cantidad, de la que disponían libremente, produciéndose incluso excesos en la disposición del saldo asignado", detallaba el sindicato en la circular para añadir a continuación que esta diferencia la "reintegraban posteriormente mediante un abono en la cuenta". UGT calificaba este último hecho como "el disfrute de anticipos encubiertos". La misma circular aseguraba que los cargos habían tenido como fin el pago de "viajes privados de los beneficiarios" y que todo ello había sido realizado sin aplicar ninguna regularización "y, en consecuencia, sin tener repercusiones fiscales". El sindicato cuantificó en 40.000 euros el dinero anual que en concepto de"complemento personal de retribuciones" recibieron los directivos por esta vía.
Según la denuncia de UGT, las tarjetas opacas de Caja San Fernando tenían un límite que, sin embargo, los consejeros superaban en ocasiones
El sindicato aseguró entonces que había puesto estos hechos en conocimiento del nuevo Consejo de Administración, encabezado desde diciembre de 2001 por Alfredo Pérez Cano, más tarde fallecido, con el fin de que éste depurase responsabilidades, cesara alos directivos que aún quedaban del anterior consejo e inhabilitase a otro que entonces se mantenía como interlocutor en las inspecciones que realizaban en la entidad tanto el Banco de España como la Junta de Andalucía. Según informó UGT a la prensa un mes después, Pérez Cano se comprometió a elaborar un informe sobre los hechos denunciados. Sin embargo, ni la entidad financiera ni el sindicato acudieron a la Justicia. Fuentes sindicales aseguraban a este diario ayer que al menos sirvió para que la nueva dirección del banco erradicase estas prácticas y que trece meses más tarde fuera destituido el último beneficiado de estas tarjetas que se mantenía en la entidad. En 2006, Caja San Fernando terminó fusionando con El Monte, con la quecreó Cajasol. En 2010, ésta se integró en Banca Cívica para, finalmente, ser absorbida por Caixabank. Nunca más se supo de sus 'American Express opacas'.
LAS CAJAS ANDALUZAS MERECEN UNA INVESTIGACIÓN (I)
El tsunami político y social que está levantando lo que parece que se oculta detrás de las denominadas tarjetas opacas de Caja Madrid, empieza llegar a los mares del sur.
Conocedora la opinión pública andaluza, a nivel de rumores, de gran parte del teje y maneje que algunos rectores de las cajas andaluzas han mantenido durante años al frente de dichas entidades, el escándalo está provocando un gran interés informativo, y ya puestos, desde la ciudadanía se quiere conocer fehacientemente cómo y de qué manera se funcionó por estas latitudes dentro del sistema financiero andaluz.
Sin ánimo de levantar acusaciones concretas o sospechas infundadas sobre los principales actores en este teatro de operaciones, parece urgente y necesario que, más temprano que tarde, toda la clase política andaluza, sin excepción, se ponga de acuerdo para que la opinión pública -impositores y pagadores de impuestos- conozca al detalle cómo se han gestionado las cajas de nuestra comunidad. Y lo más importante: si en Andalucía, los ex responsables de estas entidades, han utilizado para su gobierno los mismos métodos opacos que usaron Miguel Blesa y su banda de "la casta" en Caja Madrid, hoy rebautizada como Bankia. Porque alguna evidencia ha dejado aquí la historia más reciente.
A priori parece que la obtención de información sobre este sector no parece tarea fácil, entre otras cosas porque difícilmente las entidades bancarias que han comprado, a muy buen precio, todo el negocio financiero andaluz no parecen muy dispuestas a abrir los baúles de Pandora y enseñar a los ciudadanos las auditorias del pasado inmediato. Es más, señala una fuente del sector, puestos a pensar mal "a esas entidades les puede resultar más rentable guardar esa documentación a buen recaudo por si, llegado el caso, tuviesen que utilizarla en propio beneficio para el funcionamiento de su negocio en Andalucía frente a políticos de uno u otro signo salpicados por una irregular gestión".
Recuérdese que, salvo la caja malagueña Unicaja - ahora también convertida en banco- todas las cajas andaluzas tienen hoy sus propietarios fuera de Andalucía. De ahí que, salvo que la autoridad judicial o la Fiscalía actuase mediante la interposición de denuncias concretas, parece muy difícil llegar a esclarecer qué ha pasado con la gestión de las cajas andaluzas. Una documentación, conviene apuntarlo, que también debe de estar guardada en los archivos correspondientes del Banco de España, cuyo labor policial parece que ha dejado mucho que desear en el último periodo.
Una gestión que, en algún caso concreto, se está prolongando hasta nuestros días, especialmente en el área de las Fundaciones heredadas y a las que la Junta de Andalucía corresponde fiscalizar y tutelar. De todas, la Fundación Cajasol, presidida por el último responsable ejecutivo de las fusionadas El Monte y San Fernando, Antonio Pulido Gutiérrez, es la primera que empieza a levantar serias sospechas respecto al modus operandi que éste economista cordobés está empleando en la administración de un puñado importante de millones anuales, así como el fruto de un patrimonio inmovilizado también con gran rentabilidad económica para la entidad. Por no hablar de la de Unicaja, cuyo presidente de la Obra Social y responsable de la Comisión de Control de la entidad, Ramón Sedeño, se halla encartado penalmente en un sumario almeriense denominado ´Caso Facturas 1´. Imputación que, fuentes de la entidad, consideran insuficiente para tomar medidas y hacer dimitir a Sedeño.
Fundación Cajasol
Hace un año, en otoño de 2013, la Consejería de Hacienda de la Junta recibía a través de su páginaweb la consulta de una inquieta ciudadana interesada en conocer el manejo económico de la Fundación Cajasol. Y en concreto solicitaba dónde podría encontrar las Memorias correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012 "ya que en la web solo están hasta 2009". También preguntaba " de qué forma o representación ejercen el control ( la Junta) de dicha Fundación".
Meses después, el 23 de enero pasado, a los cuatro meses, el denominado Centro de Información y Servicios de la Consejería de Hacienda, respondía mediante correo electrónico a la curiosa ciudadana.
"En primer lugar- decía la respuesta- le rogamos disculpe la demora en contestar a su consulta. Le indicamos que la misma fue remitida tras su recepción a la Dirección General de Política Financiera, Centro directivo competente de la información solicitada. Una vez recibida la respuesta de dicho Centro directivo, le informamos de lo siguiente:
A la citada Dirección General no le compete la remisión por parte de las fundaciones que gestionan o gestionaban la obra social de las Cajas de Ahorros, de las memorias de la obra social. Esta Memoria es el resultado de una síntesis de las distintas actividades incluidas en el Presupuesto de Obra Social de la Caja. Este presupuesto sí que es autorizado por esta Consejería, pero no es un expediente público a diferencia de las Memorias que sí que lo son. Es por ello, que no dispone de las Memorias de la Obra Social de la Fundación Cajasol para los años 2010,2011 y 2012. Tras consultar con dicha Fundación, se nos comunica que puede solicitarlas a la Fundación, dado que, efectivamente, no las ha publicado en su web. (...) En cuanto a de qué forma o representación se ejerce por dicha Dirección General el control de esta Fundación Cajasol, comentarle que tal como establece el artículo 90 bis de la Ley de Cajas de Andalucía, a esta Consejería le compete el protectorado de las fundaciones vinculadas a la obra social de las Cajas de Ahorro, como es el caso de la Fundación Cajasol. Es por ello, que desde este Centro directivo, se hace un informe de verificación formal de las Cuentas Anuales y del Plan de Actuación, que una vez emitido se deposita en el registro de Fundaciones de Andalucía de la Consejería de Justicia e Interior, por si en dicho Registro quiere consultar cualquier aspecto".
Como se puede observar tras la lectura la transcripción literal de la respuesta, la misma es un monumento a la claridad y la transparencia de la que tanto se presume desde el actual ejecutivo de la presidenta Susana Díaz.
A día de hoy, las memorias de la Fundación Cajasol, están colgadas en su página web hasta 2013. Pero en ninguna de esas memorias se hallará información alguna sobre el destino concreto del dinero empleado en cada ejercicio.
Pero por lo que parece no solo a esa ciudadana que hace un año se interesó por las cuentas de la Fundación Cajasol le inquietaba lo que pudiese estar pasando con la gestión de Pulido Gutiérrez. Esta misma semana, el periodista Juan Luis Galiacho, a través del digital extraconfidencial.com, daba cuenta de lo siguiente:
-" Patronos de la Fundación Cajasol, en concreto por parte de trabajadores e impositores del grupo de CCOO-Candidatura Social, han remitido un escrito a la Consejería de Justicia e Interior y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía instándoles para que “actúen dentro de sus facultades supervisoras ante la situación de posibles incumplimientos normativos que actualmente presenta la Fundación Cajasol”. Un escrito, que obra en poder deExtraconfidencial.com, y que en breve también se presentará ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue el presunto fraude de las tarjetas de crédito y las subvenciones concedidas desde la Fundación Cajasol".
Según relata Galiacho en esta primera entrega- anuncia que vienen más de camino- Antonio Pulido estaría aplicando la misma técnica de gestión al frente de la Fundación que, durante años, funcionó desde las cúpulas cajeras sevillana y andaluza. Un reparto de subvenciones, algunas como gran benefactor de sus paisanos, a personas y entidades variopintas, inexplicables estatutariamente, además del consiguiente riego de miles de euros a grupos mediáticos andaluces en publicidad, de tal forma que se garantizaría un silencio y una complicidad que redundaría en la ocultación de una gestión demasiado cortijera de la Fundación Cajasol.
La Ley de Cajas.
A lo largo de muchos años, años de gobierno de Manuel Chaves al frente de la Junta, la oposición política, tanto del PP como de IU, se han hartado de acusar al PSOE de Andalucía en sus grandes discursos de manejar las entidades de crédito como una extensión del aparato del partido de la calle San Vicente en Sevilla. Las acusaciones se tornaron especialmente virulentas coincidiendo con la tramitación de la denominada Ley de Cajas, responsabilidad que Chaves delegó en su consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez. Como fondo, el intento de la Junta por someter a su jurisdicción la única caja que no controlaba, ya que era propiedad de la Iglesia católica. Caja Sur, presidida por un singular canónigo llamado Miguel Castillejo, plantó cara a Chaves y a su consejera en una guerra abierta que duró meses. Hasta una gran manifestación de miles de personas tuvo lugar para defender el carácter cordobés y católico de la entidad, frente al proyecto chavista de la denominada "Caja única". El PP-A, con Javier Arenas al frente, defendió la independencia de Caja Sur por interés claramente partidista. En el fondo, Arenas, lo que quería era hacer exactamente lo mismo con Caja Sur que Chaves y el PSOE-A con El Monte de Sevilla y Huelva, la San Fernando, La General de Granada o Unicaja, todas con cuadros socialistas de confianza del partido en sus despachos presidenciales. El cura Castillejo, que sigue gozando a día de hoy de buena memoria, aún recuerda la cantidad de "favores de todo tipo" que tuvo que hacer para ganarse el apoyo aliado de Arenas y del PP andaluz, hasta el punto de tener que ceder una vicepresidencia ejecutiva de la entidad a un ex secretario general del partido en Andalucía, amén de otros cargos populares en puestos claves del staff.
Al final, Caja Sur, fue "salvada" de las garras de la Junta tan pronto José María Aznar llegó a la Moncloa, reordenando para ello las leyes del sistema financiero español.
El caso de Caja Sur puede servir muy bien de ejemplo para realizar, años después, la prueba del algodón sobre cómo se han manejado las cajas andaluzas en estos años. Una prueba que demostrará que tanto el PSOE como el PP han defendido el mismo modelo de gestión y, en algún caso concreto, como en Sevilla, con el concurso necesario de los comunistas, llámese PC, IU o CCOO. En Málaga, por ejemplo, ha sido muy llamativo en estos años la forma con la que el habilidoso Braulio Medel ha logrado un extraño consenso de todos los principales partidos, PSOE, PP, IU incluso el PA, para mantener alejada a Unicaja de la agria bronca política. Y todo ello sucedía mientras que en Sevilla y Córdoba la batalla era campal y cruenta por el control de El Monte, la San Fernando y Caja Sur.
Como se decía al principio, la opinión pública española y andaluza, puestas como se han puesto las cosas, quiere saber la verdad de lo que ha sucedido con su dinero entorno a las cajas. Sobre todo porque, está suficientemente documentado, que una parte importante del mil millonario rescate bancario que España ha tenido que afrontar en plena crisis, ha estado motivado por la crujía de estas entidades de ahorro. Todo ello en detrimento de servicios tan elementales como la sanidad, la educación o la atención a las personas dependientes.
En la próxima entrega: breve lista de algunas de las primeras tarjetas negras con las que en Andalucía se pagaron gastos privados desde las Cajas.
El tsunami político y social que está levantando lo que parece que se oculta detrás de las denominadas tarjetas opacas de Caja Madrid, empieza llegar a los mares del sur.
Conocedora la opinión pública andaluza, a nivel de rumores, de gran parte del teje y maneje que algunos rectores de las cajas andaluzas han mantenido durante años al frente de dichas entidades, el escándalo está provocando un gran interés informativo, y ya puestos, desde la ciudadanía se quiere conocer fehacientemente cómo y de qué manera se funcionó por estas latitudes dentro del sistema financiero andaluz.
Sin ánimo de levantar acusaciones concretas o sospechas infundadas sobre los principales actores en este teatro de operaciones, parece urgente y necesario que, más temprano que tarde, toda la clase política andaluza, sin excepción, se ponga de acuerdo para que la opinión pública -impositores y pagadores de impuestos- conozca al detalle cómo se han gestionado las cajas de nuestra comunidad. Y lo más importante: si en Andalucía, los ex responsables de estas entidades, han utilizado para su gobierno los mismos métodos opacos que usaron Miguel Blesa y su banda de "la casta" en Caja Madrid, hoy rebautizada como Bankia. Porque alguna evidencia ha dejado aquí la historia más reciente.
A priori parece que la obtención de información sobre este sector no parece tarea fácil, entre otras cosas porque difícilmente las entidades bancarias que han comprado, a muy buen precio, todo el negocio financiero andaluz no parecen muy dispuestas a abrir los baúles de Pandora y enseñar a los ciudadanos las auditorias del pasado inmediato. Es más, señala una fuente del sector, puestos a pensar mal "a esas entidades les puede resultar más rentable guardar esa documentación a buen recaudo por si, llegado el caso, tuviesen que utilizarla en propio beneficio para el funcionamiento de su negocio en Andalucía frente a políticos de uno u otro signo salpicados por una irregular gestión".
Recuérdese que, salvo la caja malagueña Unicaja - ahora también convertida en banco- todas las cajas andaluzas tienen hoy sus propietarios fuera de Andalucía. De ahí que, salvo que la autoridad judicial o la Fiscalía actuase mediante la interposición de denuncias concretas, parece muy difícil llegar a esclarecer qué ha pasado con la gestión de las cajas andaluzas. Una documentación, conviene apuntarlo, que también debe de estar guardada en los archivos correspondientes del Banco de España, cuyo labor policial parece que ha dejado mucho que desear en el último periodo.
Una gestión que, en algún caso concreto, se está prolongando hasta nuestros días, especialmente en el área de las Fundaciones heredadas y a las que la Junta de Andalucía corresponde fiscalizar y tutelar. De todas, la Fundación Cajasol, presidida por el último responsable ejecutivo de las fusionadas El Monte y San Fernando, Antonio Pulido Gutiérrez, es la primera que empieza a levantar serias sospechas respecto al modus operandi que éste economista cordobés está empleando en la administración de un puñado importante de millones anuales, así como el fruto de un patrimonio inmovilizado también con gran rentabilidad económica para la entidad. Por no hablar de la de Unicaja, cuyo presidente de la Obra Social y responsable de la Comisión de Control de la entidad, Ramón Sedeño, se halla encartado penalmente en un sumario almeriense denominado ´Caso Facturas 1´. Imputación que, fuentes de la entidad, consideran insuficiente para tomar medidas y hacer dimitir a Sedeño.
Fundación Cajasol
Hace un año, en otoño de 2013, la Consejería de Hacienda de la Junta recibía a través de su páginaweb la consulta de una inquieta ciudadana interesada en conocer el manejo económico de la Fundación Cajasol. Y en concreto solicitaba dónde podría encontrar las Memorias correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012 "ya que en la web solo están hasta 2009". También preguntaba " de qué forma o representación ejercen el control ( la Junta) de dicha Fundación".
Meses después, el 23 de enero pasado, a los cuatro meses, el denominado Centro de Información y Servicios de la Consejería de Hacienda, respondía mediante correo electrónico a la curiosa ciudadana.
"En primer lugar- decía la respuesta- le rogamos disculpe la demora en contestar a su consulta. Le indicamos que la misma fue remitida tras su recepción a la Dirección General de Política Financiera, Centro directivo competente de la información solicitada. Una vez recibida la respuesta de dicho Centro directivo, le informamos de lo siguiente:
A la citada Dirección General no le compete la remisión por parte de las fundaciones que gestionan o gestionaban la obra social de las Cajas de Ahorros, de las memorias de la obra social. Esta Memoria es el resultado de una síntesis de las distintas actividades incluidas en el Presupuesto de Obra Social de la Caja. Este presupuesto sí que es autorizado por esta Consejería, pero no es un expediente público a diferencia de las Memorias que sí que lo son. Es por ello, que no dispone de las Memorias de la Obra Social de la Fundación Cajasol para los años 2010,2011 y 2012. Tras consultar con dicha Fundación, se nos comunica que puede solicitarlas a la Fundación, dado que, efectivamente, no las ha publicado en su web. (...) En cuanto a de qué forma o representación se ejerce por dicha Dirección General el control de esta Fundación Cajasol, comentarle que tal como establece el artículo 90 bis de la Ley de Cajas de Andalucía, a esta Consejería le compete el protectorado de las fundaciones vinculadas a la obra social de las Cajas de Ahorro, como es el caso de la Fundación Cajasol. Es por ello, que desde este Centro directivo, se hace un informe de verificación formal de las Cuentas Anuales y del Plan de Actuación, que una vez emitido se deposita en el registro de Fundaciones de Andalucía de la Consejería de Justicia e Interior, por si en dicho Registro quiere consultar cualquier aspecto".
Como se puede observar tras la lectura la transcripción literal de la respuesta, la misma es un monumento a la claridad y la transparencia de la que tanto se presume desde el actual ejecutivo de la presidenta Susana Díaz.
A día de hoy, las memorias de la Fundación Cajasol, están colgadas en su página web hasta 2013. Pero en ninguna de esas memorias se hallará información alguna sobre el destino concreto del dinero empleado en cada ejercicio.
Pero por lo que parece no solo a esa ciudadana que hace un año se interesó por las cuentas de la Fundación Cajasol le inquietaba lo que pudiese estar pasando con la gestión de Pulido Gutiérrez. Esta misma semana, el periodista Juan Luis Galiacho, a través del digital extraconfidencial.com, daba cuenta de lo siguiente:
-" Patronos de la Fundación Cajasol, en concreto por parte de trabajadores e impositores del grupo de CCOO-Candidatura Social, han remitido un escrito a la Consejería de Justicia e Interior y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía instándoles para que “actúen dentro de sus facultades supervisoras ante la situación de posibles incumplimientos normativos que actualmente presenta la Fundación Cajasol”. Un escrito, que obra en poder deExtraconfidencial.com, y que en breve también se presentará ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue el presunto fraude de las tarjetas de crédito y las subvenciones concedidas desde la Fundación Cajasol".
Según relata Galiacho en esta primera entrega- anuncia que vienen más de camino- Antonio Pulido estaría aplicando la misma técnica de gestión al frente de la Fundación que, durante años, funcionó desde las cúpulas cajeras sevillana y andaluza. Un reparto de subvenciones, algunas como gran benefactor de sus paisanos, a personas y entidades variopintas, inexplicables estatutariamente, además del consiguiente riego de miles de euros a grupos mediáticos andaluces en publicidad, de tal forma que se garantizaría un silencio y una complicidad que redundaría en la ocultación de una gestión demasiado cortijera de la Fundación Cajasol.
La Ley de Cajas.
A lo largo de muchos años, años de gobierno de Manuel Chaves al frente de la Junta, la oposición política, tanto del PP como de IU, se han hartado de acusar al PSOE de Andalucía en sus grandes discursos de manejar las entidades de crédito como una extensión del aparato del partido de la calle San Vicente en Sevilla. Las acusaciones se tornaron especialmente virulentas coincidiendo con la tramitación de la denominada Ley de Cajas, responsabilidad que Chaves delegó en su consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez. Como fondo, el intento de la Junta por someter a su jurisdicción la única caja que no controlaba, ya que era propiedad de la Iglesia católica. Caja Sur, presidida por un singular canónigo llamado Miguel Castillejo, plantó cara a Chaves y a su consejera en una guerra abierta que duró meses. Hasta una gran manifestación de miles de personas tuvo lugar para defender el carácter cordobés y católico de la entidad, frente al proyecto chavista de la denominada "Caja única". El PP-A, con Javier Arenas al frente, defendió la independencia de Caja Sur por interés claramente partidista. En el fondo, Arenas, lo que quería era hacer exactamente lo mismo con Caja Sur que Chaves y el PSOE-A con El Monte de Sevilla y Huelva, la San Fernando, La General de Granada o Unicaja, todas con cuadros socialistas de confianza del partido en sus despachos presidenciales. El cura Castillejo, que sigue gozando a día de hoy de buena memoria, aún recuerda la cantidad de "favores de todo tipo" que tuvo que hacer para ganarse el apoyo aliado de Arenas y del PP andaluz, hasta el punto de tener que ceder una vicepresidencia ejecutiva de la entidad a un ex secretario general del partido en Andalucía, amén de otros cargos populares en puestos claves del staff.
Al final, Caja Sur, fue "salvada" de las garras de la Junta tan pronto José María Aznar llegó a la Moncloa, reordenando para ello las leyes del sistema financiero español.
El caso de Caja Sur puede servir muy bien de ejemplo para realizar, años después, la prueba del algodón sobre cómo se han manejado las cajas andaluzas en estos años. Una prueba que demostrará que tanto el PSOE como el PP han defendido el mismo modelo de gestión y, en algún caso concreto, como en Sevilla, con el concurso necesario de los comunistas, llámese PC, IU o CCOO. En Málaga, por ejemplo, ha sido muy llamativo en estos años la forma con la que el habilidoso Braulio Medel ha logrado un extraño consenso de todos los principales partidos, PSOE, PP, IU incluso el PA, para mantener alejada a Unicaja de la agria bronca política. Y todo ello sucedía mientras que en Sevilla y Córdoba la batalla era campal y cruenta por el control de El Monte, la San Fernando y Caja Sur.
Como se decía al principio, la opinión pública española y andaluza, puestas como se han puesto las cosas, quiere saber la verdad de lo que ha sucedido con su dinero entorno a las cajas. Sobre todo porque, está suficientemente documentado, que una parte importante del mil millonario rescate bancario que España ha tenido que afrontar en plena crisis, ha estado motivado por la crujía de estas entidades de ahorro. Todo ello en detrimento de servicios tan elementales como la sanidad, la educación o la atención a las personas dependientes.
En la próxima entrega: breve lista de algunas de las primeras tarjetas negras con las que en Andalucía se pagaron gastos privados desde las Cajas.
LAS CAJAS ANDALUZAS MERECEN UNA INVESTIGACIÓN (Y II)
"A mayor gloria de ellos"
Dentro de las entidades financieras andaluzas, los representantes de los grandes sindicatos, han tenido voz, voto y gran influencia. En algunas de ellas, caso de El Monte, CCOO fue determinante para inclinar el voto del Consejo en la destitución de Beneroso, junto al PSOE, IU y el PA.
En el caso de la San Fernando, donde la UGT siempre gozó de gran peso e influencia, su sección sindical fue muy combativa en contra de la gestión de los responsables políticos. Aunque también es verdad que su política de denuncias siempre quedaron entre los muros de la vieja Audiencia de Sevilla en la Plaza San Francisco, hoy sede de la Fundación Cajasol. Unas denuncias y una presión que sirvió, la mayoría de las veces, para la obtención de mejoras laborales de los trabajadores en unos fantásticos convenios envidiados en todo el sector.
El 14 de noviembre de 2002, la sección Sindical Regional de la UGT en la Caja San Fernando, lanzó una circular interna bajo el titulo "A mayor gloria de ellos".
Comunicaba a sus afiliados que en el último Consejo de Administración, "UGT ha denunciando un nuevo episodio de las prácticas de la época anterior, por el que se benefician unos pocos, siempre los mismos".
Y a lo largo de ocho puntos puede leerse una detallada denuncia que revela, por vez primera, la existencia de tarjetas opacas al fisco en las cajas andaluzas:
1.- Se apertura una cuenta a nombre de una Sociedad pendiente de constitución denominada AMGE, con el CIF de la Caja, con un ingreso de 8.500.000 ptas.
2.- Las firmas autorizadas en la cuenta eran las de Francisco Gallardo Fernández y José Manuel Amores Zurita.
3.- En una cuenta a nombre de una Sociedad en fase de constitución, solo se puede realizar el apunte de apertura, que debe corresponder con el desembolso del capital social, y mientras no se formalice la constitución, en la cuenta no se deben realizar movimientos y el saldo debe permanecer bloqueado. Pese a lo anterior y a que la Sociedad no ha llegado nunca a constituirse, la cuenta referida ha tenido cerca de 400 movimientos. En consecuencia se ha vulnerado de manera evidente la normativa de aplicación.
4.- Se han realizado diversos ingresos, desde el centro contable 2600 (Dirección de Área de Auditoria y Control de Gestión) por un importe de 45.000.000 de pesetas.
5.-Las disposiciones de la cuenta se realizaban a través de tarjetas American Express.
6.- Los beneficiarios que disponían de estas tarjetas eran: Juan Manuel López Benjumea, Enrique García Ledesma, José Manuel Amores Zurita, Francisco Gallardo Fernández, Santiago Romero Calero, Juan Salido Freyre, Luis Manuel Martín Elías, Manuel Piñar Parias y José Victoria Feu.
7.- Cada uno de ellos tenía asignada una cantidad, de la que disponían libremente, produciéndose incluso excesos en la disposición del saldo asignado. Diferencia ésta que reintegraban posteriormente, mediante un abono en la cuenta. Esta práctica podría suponer el disfrute de anticipos encubiertos.
8.-Las disposiciones se realizaban para viajes privados de los beneficiarios. Por supuesto, sin que ello estuviera regulado, y en consecuencia sin tener repercusiones fiscales."
La nota de UGT, indica finalmente que una vez expuestos los hechos, "propusimos al Consejo" que se investigasen las tarjetas negras, actuar en consecuencia y "facilitar al Consejo información detallada de las medidas adoptadas, si es que las ha habido, y en su caso de las que vaya a adoptar". También pedían la inhabilitación del Sr Gallardo "como interlocutor en las inspecciones que se realizan en la Caja por el Banco de España o la Junta de Andalucía".
De esta historia nunca tuvo noticia la opinión pública y se desconoce si surtió algún efecto esta denuncia a corto, medio o largo plazo. Si es cierto que el sustituto de López Benjumea en la presidencia de la San Fernando, Alfredo Pérez Cano, fallecido prematuramente, puso orden interno, cortocircuitó prácticas sospechosas e irregulares, nombrando a un equipo nuevo que puso cierto orden pero que, desde luego, no acudió a Fiscalía a denunciar lo que se encontró bajo las gruesas alfombras de la Real Fábrica de Tapices.
Presidentes políticos.
Un repaso a los nombres y apellidos que han presidido las cajas andaluzas durante la época que ahora urge revisar, resulta ilustrativo sobre cómo el poder político ha controlado el sistema. Nombres como Antonio Jara Andreu y Antonio María Claret García en la de Granada. También el de Isidoro Beneroso Dávila, Juan Manuel López Benjumea, José María Bueno Lidón, Alfredo Pérez Cano, Luis Navarrete y Antonio Pulido, la mayoría con carné del PSOE, fueron las figuras estelares del escenario cajero sevillano y onubense. Es más, tras la destitución de Beneroso en El Monte, una bicefalia se institucionalizó en la entidad con el nombre de Mario Jiménez en calidad de vicepresidente ejecutivo. Con despacho en Huelva, chófer, tarjeta y secretaria, el actual Portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, látigo del PP, ocupó durante años un singular virreinato cajero en Huelva, permitido desde Sevilla por Bueno Lidón, el candidato de IU y CCOO que tuvo que "tragar" el PSOE para poder echar al "traidor de Isidoro". (Al final, Bueno Lidón, acabaría dimitiendo tras conocerse sus relaciones mercantiles con Metrovacesa y Luis Portillo, empresario aupado al estrellato del capital en los años del pelotazo desde El Monte en Sevilla)
Pero lo que inicialmente fue control absoluto del PSOE desde las presidencias, acabó estallando como efecto colateral de la polémica Ley de Cajas y la batalla cordobesa por Caja Sur. Los presidentes sevillanos, Beneroso y Benjumea, a los que años antes Pepe Rodríguez de la Borbolla fichó para las Juventudes Socialistas, optaron por la independencia y la autonomía de gestión. Y no solo eso, empezaron a mantener contactos discretos y sospechosos - ante un mosqueado PSOE- con Javier Arenas, especialmente Beneroso, que al cabo de los años y tras ser descabalgado de la presidencia de El Monte y expulsado del PSOE junto a Benjumea, se convirtió en uno de los más destacados asesores de Arenas y del PP en el área económica y financiera del partido. Beneroso llegó a estar en las quinielas, antes de las últimas autonómicas que ganó el PP-A, como posible miembro del gobierno que pensaba formar, si hubiese podido, el presidente Arenas Bocanegra.
No es exagerado, por tanto, decir que durante años, la imagen que proyectaron los gestores de las cajas sevillanas, se substanciaba en una especia de paraíso con calma chicha, donde las luchas del día a día entre partidos no recalaban ni se reproducían en sus órganos rectores. En los consejos de administración se sentaban variopintos personajes de la política del consenso; alguno como Ricardo Tarno, hombre de Arenas, ocupando la Secretaría del Consejo de El Monte, al que nunca se le oyó criticar las millonarias operaciones de la entidad con determinados empresarios de moda. Léase Luis Portillo- presentador en su día del candidato a la reelección Alfredo Sánchez Monteseirín- o Domingo Díaz Mera, el manchego recomendado por Pepe Bono para hacer grandes negocios en Huelva bajo el paraguas financiero de El Monte.
Una época en la que, unos y otros, cuidaban de forma muy especial a los medios de comunicación, su imagen y su buen nombre como grandes gestores del sistema financiero andaluz. De hecho, muchos millones de pesetas de estas entidades, fue destinado a operaciones mediáticas, financiando una televisión de Rojas Marcos en Sevilla o un conglomerado mediático de Díaz Mera en Huelva. Amén de importantes partidas presupuestarias para publicidad institucional en casi todos los medios influyentes de Andalucía. La millonaria inversión anual en medios de comunicación locales, regionales e incluso nacionales, incluyendo la contratación de un conocido asesor madrileño apodado por el fallecido Rafael Álvarez Colunga como "El gorrión" - "porque hay que darle alpiste, mucho alpiste"- les permitió cierta tranquilidad para hacer y deshacer al antojo de quienes mandaban sobre los consejos de administración de algunas cajas. Integrados, todo habrá que recordarlo, por corderos silenciosos, la mayoría de los cuales no tenían preparación suficiente como para atender sus responsabilidades al frente de una entidad financiera. Eso sí, la mayoría se conformaban con ejercer de pajes de la ilusión, resolviendo puntuales "problemas de tesorería" de sus respectivos ayuntamientos o de las entidades a las que pertenecían. Y, además, disfrutando de canonjías en forma de viajes por todo el mundo, caros regalos y suculentas dietas de asistencia a consejos de todo tipo. Y, en muchos casos, de tarjetas de crédito de las que en gran medida se desconoce, a día de hoy, el color.
Las participadas.
Pero el gran instrumento de gestión de estas entidades, sin duda, fue la creación del correspondiente departamento de "participadas". Palabra mágica donde las haya y que supuso la entrada de las cajas en sociedades mercantiles privadas, con el objetivo de crear riqueza, impulsar nuevos proyectos y, de paso, establecer una zona oscura de gestión que ha permitido, sobre todo, la puesta en marcha de una especie de "universidad de nuevos ricos" andaluces y foráneos. Los más importantes ejecutivos de estas entidades, se convirtieron en perejiles de todas las salsas sociales, acaparando protagonismo y portadas a go gó.
Salvo puntuales y honrosas excepciones, las participadas, han sido un agujero negro, negrísimo, por donde las cajas han perdido muchos millones de su patrimonio. La burbuja inmobiliaria, el pelotazo de la construcción, ha sido posiblemente el escenario donde más dinero se ha derrochado o perdido en estos años. Operaciones, muchas veces, que entraban en clara competencia con el sector privado no colaboracionista con el régimen financiero. El caso de los terrenos del antiguo aeródromo sevillano de Tablada, podría ser el ejemplo perfecto que demostrase esta forma de operar, con las dos cajas sevillanas compitiendo ante el Ministerio de Defensa en una subasta pública frente a los más importantes empresarios del sector inmobiliario andaluz. Una operación, por cierto, en la que acabaron todos en el mismo colchón financiero. A la fuerza ahorcan.
Una curiosa circunstancia no ha pasado desapercibida en pleno estallido de la crisis y cuando estas entidades huían de la burbuja inmobiliaria. Una caja concreta aprobó su entrada en una conocida empresa del sector. Tiempo después, se sabría que tras esta operación podrían ocultarse extraños intereses del principal gestor de la entidad que, previamente, habría vendido un piso de su propiedad al dueño del nuevo grupo inmobiliario aliado de la Caja. Este tema, del que al parecer ha tenido constancia documental el banco comprador de la caja en cuestión, sin que conste que haya hecho nada por aclararlo, es muy posible que salte muy pronto con todo lujo de detalles ante la opinión pública andaluza y española.
En resumen. Los andaluces tiene derecho a saber que ha sucedido en estos años con su dinero en el sistema financiero andaluz. Son demasiados los puntos oscuros que permanecen sin aclarar. Los responsables directos de la gestión, con sus luces y sus sombras, siguen ahí, alguno disfrutando de sus negocios entre Miami y Panamá. Otros gozando de un estatus de nuevo rico, a la vista de todos, y pretendiendo seguir influyendo en la sociedad civil andaluza.
Los partidos del arco parlamentario andaluz, por activa y por pasiva, sostienen públicamente una clara vocación de transparencia en el manejo de los dineros públicos. Susana Díaz, la actual presidenta de la Junta, ha convertido lo de "tolerancia cero contra la corrupción" en el gran estandarte político de la nueva era socialista. El PP, desde hace cuatro años, solo habla de la corrupción de los Eres y de la de los demás. IU también amaga, de vez en cuando, con un discurso contundente contra la corrupción. Dado que todos estos partidos, con mayor o menor intensidad, han sido partícipes o cómplices de lo sucedido en las cajas andaluzas, estamos ante una oportunidad única para que actúen y denuncien ante la Justicia para que se investiguen haciendas y patrimonios. Y, como repite machaconamente la presidenta Díaz: "Caiga quien caiga".
¿Que te parece este artículo?, Deja tu comentario
Nos gustaría completar este artículo con tu comentario. Además si lo consideras útil para tus amigos y seguidores compártelo utilizado los botones sociales.
"A mayor gloria de ellos"
Dentro de las entidades financieras andaluzas, los representantes de los grandes sindicatos, han tenido voz, voto y gran influencia. En algunas de ellas, caso de El Monte, CCOO fue determinante para inclinar el voto del Consejo en la destitución de Beneroso, junto al PSOE, IU y el PA.
En el caso de la San Fernando, donde la UGT siempre gozó de gran peso e influencia, su sección sindical fue muy combativa en contra de la gestión de los responsables políticos. Aunque también es verdad que su política de denuncias siempre quedaron entre los muros de la vieja Audiencia de Sevilla en la Plaza San Francisco, hoy sede de la Fundación Cajasol. Unas denuncias y una presión que sirvió, la mayoría de las veces, para la obtención de mejoras laborales de los trabajadores en unos fantásticos convenios envidiados en todo el sector.
El 14 de noviembre de 2002, la sección Sindical Regional de la UGT en la Caja San Fernando, lanzó una circular interna bajo el titulo "A mayor gloria de ellos".
Comunicaba a sus afiliados que en el último Consejo de Administración, "UGT ha denunciando un nuevo episodio de las prácticas de la época anterior, por el que se benefician unos pocos, siempre los mismos".
Y a lo largo de ocho puntos puede leerse una detallada denuncia que revela, por vez primera, la existencia de tarjetas opacas al fisco en las cajas andaluzas:
1.- Se apertura una cuenta a nombre de una Sociedad pendiente de constitución denominada AMGE, con el CIF de la Caja, con un ingreso de 8.500.000 ptas.
2.- Las firmas autorizadas en la cuenta eran las de Francisco Gallardo Fernández y José Manuel Amores Zurita.
3.- En una cuenta a nombre de una Sociedad en fase de constitución, solo se puede realizar el apunte de apertura, que debe corresponder con el desembolso del capital social, y mientras no se formalice la constitución, en la cuenta no se deben realizar movimientos y el saldo debe permanecer bloqueado. Pese a lo anterior y a que la Sociedad no ha llegado nunca a constituirse, la cuenta referida ha tenido cerca de 400 movimientos. En consecuencia se ha vulnerado de manera evidente la normativa de aplicación.
4.- Se han realizado diversos ingresos, desde el centro contable 2600 (Dirección de Área de Auditoria y Control de Gestión) por un importe de 45.000.000 de pesetas.
5.-Las disposiciones de la cuenta se realizaban a través de tarjetas American Express.
6.- Los beneficiarios que disponían de estas tarjetas eran: Juan Manuel López Benjumea, Enrique García Ledesma, José Manuel Amores Zurita, Francisco Gallardo Fernández, Santiago Romero Calero, Juan Salido Freyre, Luis Manuel Martín Elías, Manuel Piñar Parias y José Victoria Feu.
7.- Cada uno de ellos tenía asignada una cantidad, de la que disponían libremente, produciéndose incluso excesos en la disposición del saldo asignado. Diferencia ésta que reintegraban posteriormente, mediante un abono en la cuenta. Esta práctica podría suponer el disfrute de anticipos encubiertos.
8.-Las disposiciones se realizaban para viajes privados de los beneficiarios. Por supuesto, sin que ello estuviera regulado, y en consecuencia sin tener repercusiones fiscales."
La nota de UGT, indica finalmente que una vez expuestos los hechos, "propusimos al Consejo" que se investigasen las tarjetas negras, actuar en consecuencia y "facilitar al Consejo información detallada de las medidas adoptadas, si es que las ha habido, y en su caso de las que vaya a adoptar". También pedían la inhabilitación del Sr Gallardo "como interlocutor en las inspecciones que se realizan en la Caja por el Banco de España o la Junta de Andalucía".
De esta historia nunca tuvo noticia la opinión pública y se desconoce si surtió algún efecto esta denuncia a corto, medio o largo plazo. Si es cierto que el sustituto de López Benjumea en la presidencia de la San Fernando, Alfredo Pérez Cano, fallecido prematuramente, puso orden interno, cortocircuitó prácticas sospechosas e irregulares, nombrando a un equipo nuevo que puso cierto orden pero que, desde luego, no acudió a Fiscalía a denunciar lo que se encontró bajo las gruesas alfombras de la Real Fábrica de Tapices.
Presidentes políticos.
Un repaso a los nombres y apellidos que han presidido las cajas andaluzas durante la época que ahora urge revisar, resulta ilustrativo sobre cómo el poder político ha controlado el sistema. Nombres como Antonio Jara Andreu y Antonio María Claret García en la de Granada. También el de Isidoro Beneroso Dávila, Juan Manuel López Benjumea, José María Bueno Lidón, Alfredo Pérez Cano, Luis Navarrete y Antonio Pulido, la mayoría con carné del PSOE, fueron las figuras estelares del escenario cajero sevillano y onubense. Es más, tras la destitución de Beneroso en El Monte, una bicefalia se institucionalizó en la entidad con el nombre de Mario Jiménez en calidad de vicepresidente ejecutivo. Con despacho en Huelva, chófer, tarjeta y secretaria, el actual Portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, látigo del PP, ocupó durante años un singular virreinato cajero en Huelva, permitido desde Sevilla por Bueno Lidón, el candidato de IU y CCOO que tuvo que "tragar" el PSOE para poder echar al "traidor de Isidoro". (Al final, Bueno Lidón, acabaría dimitiendo tras conocerse sus relaciones mercantiles con Metrovacesa y Luis Portillo, empresario aupado al estrellato del capital en los años del pelotazo desde El Monte en Sevilla)
Pero lo que inicialmente fue control absoluto del PSOE desde las presidencias, acabó estallando como efecto colateral de la polémica Ley de Cajas y la batalla cordobesa por Caja Sur. Los presidentes sevillanos, Beneroso y Benjumea, a los que años antes Pepe Rodríguez de la Borbolla fichó para las Juventudes Socialistas, optaron por la independencia y la autonomía de gestión. Y no solo eso, empezaron a mantener contactos discretos y sospechosos - ante un mosqueado PSOE- con Javier Arenas, especialmente Beneroso, que al cabo de los años y tras ser descabalgado de la presidencia de El Monte y expulsado del PSOE junto a Benjumea, se convirtió en uno de los más destacados asesores de Arenas y del PP en el área económica y financiera del partido. Beneroso llegó a estar en las quinielas, antes de las últimas autonómicas que ganó el PP-A, como posible miembro del gobierno que pensaba formar, si hubiese podido, el presidente Arenas Bocanegra.
No es exagerado, por tanto, decir que durante años, la imagen que proyectaron los gestores de las cajas sevillanas, se substanciaba en una especia de paraíso con calma chicha, donde las luchas del día a día entre partidos no recalaban ni se reproducían en sus órganos rectores. En los consejos de administración se sentaban variopintos personajes de la política del consenso; alguno como Ricardo Tarno, hombre de Arenas, ocupando la Secretaría del Consejo de El Monte, al que nunca se le oyó criticar las millonarias operaciones de la entidad con determinados empresarios de moda. Léase Luis Portillo- presentador en su día del candidato a la reelección Alfredo Sánchez Monteseirín- o Domingo Díaz Mera, el manchego recomendado por Pepe Bono para hacer grandes negocios en Huelva bajo el paraguas financiero de El Monte.
Una época en la que, unos y otros, cuidaban de forma muy especial a los medios de comunicación, su imagen y su buen nombre como grandes gestores del sistema financiero andaluz. De hecho, muchos millones de pesetas de estas entidades, fue destinado a operaciones mediáticas, financiando una televisión de Rojas Marcos en Sevilla o un conglomerado mediático de Díaz Mera en Huelva. Amén de importantes partidas presupuestarias para publicidad institucional en casi todos los medios influyentes de Andalucía. La millonaria inversión anual en medios de comunicación locales, regionales e incluso nacionales, incluyendo la contratación de un conocido asesor madrileño apodado por el fallecido Rafael Álvarez Colunga como "El gorrión" - "porque hay que darle alpiste, mucho alpiste"- les permitió cierta tranquilidad para hacer y deshacer al antojo de quienes mandaban sobre los consejos de administración de algunas cajas. Integrados, todo habrá que recordarlo, por corderos silenciosos, la mayoría de los cuales no tenían preparación suficiente como para atender sus responsabilidades al frente de una entidad financiera. Eso sí, la mayoría se conformaban con ejercer de pajes de la ilusión, resolviendo puntuales "problemas de tesorería" de sus respectivos ayuntamientos o de las entidades a las que pertenecían. Y, además, disfrutando de canonjías en forma de viajes por todo el mundo, caros regalos y suculentas dietas de asistencia a consejos de todo tipo. Y, en muchos casos, de tarjetas de crédito de las que en gran medida se desconoce, a día de hoy, el color.
Las participadas.
Pero el gran instrumento de gestión de estas entidades, sin duda, fue la creación del correspondiente departamento de "participadas". Palabra mágica donde las haya y que supuso la entrada de las cajas en sociedades mercantiles privadas, con el objetivo de crear riqueza, impulsar nuevos proyectos y, de paso, establecer una zona oscura de gestión que ha permitido, sobre todo, la puesta en marcha de una especie de "universidad de nuevos ricos" andaluces y foráneos. Los más importantes ejecutivos de estas entidades, se convirtieron en perejiles de todas las salsas sociales, acaparando protagonismo y portadas a go gó.
Salvo puntuales y honrosas excepciones, las participadas, han sido un agujero negro, negrísimo, por donde las cajas han perdido muchos millones de su patrimonio. La burbuja inmobiliaria, el pelotazo de la construcción, ha sido posiblemente el escenario donde más dinero se ha derrochado o perdido en estos años. Operaciones, muchas veces, que entraban en clara competencia con el sector privado no colaboracionista con el régimen financiero. El caso de los terrenos del antiguo aeródromo sevillano de Tablada, podría ser el ejemplo perfecto que demostrase esta forma de operar, con las dos cajas sevillanas compitiendo ante el Ministerio de Defensa en una subasta pública frente a los más importantes empresarios del sector inmobiliario andaluz. Una operación, por cierto, en la que acabaron todos en el mismo colchón financiero. A la fuerza ahorcan.
Una curiosa circunstancia no ha pasado desapercibida en pleno estallido de la crisis y cuando estas entidades huían de la burbuja inmobiliaria. Una caja concreta aprobó su entrada en una conocida empresa del sector. Tiempo después, se sabría que tras esta operación podrían ocultarse extraños intereses del principal gestor de la entidad que, previamente, habría vendido un piso de su propiedad al dueño del nuevo grupo inmobiliario aliado de la Caja. Este tema, del que al parecer ha tenido constancia documental el banco comprador de la caja en cuestión, sin que conste que haya hecho nada por aclararlo, es muy posible que salte muy pronto con todo lujo de detalles ante la opinión pública andaluza y española.
En resumen. Los andaluces tiene derecho a saber que ha sucedido en estos años con su dinero en el sistema financiero andaluz. Son demasiados los puntos oscuros que permanecen sin aclarar. Los responsables directos de la gestión, con sus luces y sus sombras, siguen ahí, alguno disfrutando de sus negocios entre Miami y Panamá. Otros gozando de un estatus de nuevo rico, a la vista de todos, y pretendiendo seguir influyendo en la sociedad civil andaluza.
Los partidos del arco parlamentario andaluz, por activa y por pasiva, sostienen públicamente una clara vocación de transparencia en el manejo de los dineros públicos. Susana Díaz, la actual presidenta de la Junta, ha convertido lo de "tolerancia cero contra la corrupción" en el gran estandarte político de la nueva era socialista. El PP, desde hace cuatro años, solo habla de la corrupción de los Eres y de la de los demás. IU también amaga, de vez en cuando, con un discurso contundente contra la corrupción. Dado que todos estos partidos, con mayor o menor intensidad, han sido partícipes o cómplices de lo sucedido en las cajas andaluzas, estamos ante una oportunidad única para que actúen y denuncien ante la Justicia para que se investiguen haciendas y patrimonios. Y, como repite machaconamente la presidenta Díaz: "Caiga quien caiga".
¿Que te parece este artículo?, Deja tu comentario
Nos gustaría completar este artículo con tu comentario. Además si lo consideras útil para tus amigos y seguidores compártelo utilizado los botones sociales.
¿No os pasáis un poco dando jabón a la UGT? Es que, a la vista de lo de sus tarjetas en Bankia, lo del pobre compañero minero, lo de los ERE, lo de los cursos y tanto que está saliendo y aún por salir, más bien parece que la denuncia es un pataleo porque a ellos no les tocó ninguna tarjeta. ¿No os parece?
ResponderEliminar