La concentración bancaria en España alcanza su máxima cota histórica

Las fusiones y la venta de redes de oficinas de las cajas amenazan la competencia regional

La histórica reordenación que está sufriendo el mapa financiero español desde el estallido de la crisis, en la que se ha pasado de 45 grupos de cajas de ahorros a apenas una decena, está minando seriamente la competencia en el sector reduciendo a unas pocas manos el control del mercado.

El Banco Central Europea ha actualizado recientemente sus estadísticas señalando que España rebasó su máxima cota histórica de concentración bancaria a cierre de 2011, el último dato disponible de la serie. El 48,1% de la cuota de mercado se reparte ya entre las cinco mayores entidades del país. Expertos y sindicatos exponen que el fenómeno ha ido en aumento durante el último ejercicio y amenaza con multiplicarse en los próximos meses.

"Deben analizarse las consecuencias de un crecimiento tan grande y en tan poco tiempo de la concentración del sector, sobre todo a escala regional", asevera Joaquín Maudos, catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia e investigador del Ivie, que viene advirtiendo del riesgo de que la competencia bancaria esté siendo minada por los procesos de fusión y absorción entre entidades financieras.

"Competencia anunció hace unos días que va a estudiar la legalidad del tope en la remuneración de depósitos que ha impuesto Banco de España. Bienvenido sea, pero que analicen también el creciente nivel de concentración financiero en unas pocas manos, que aumentará con las subastas pendientes", añade.

Los datos de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), efectivamente, revelan una situación más preocupante a nivel regional donde es fácil encontrar provincias donde una sola entidad acumula el 60-70% de los depósitos de particulares, como ocurre con Bankia en Ávila y Segovia. O el 50-60% que controla Novagalicia en Orense y Pontevedra; el 50% que domina CaixaBank en algunas regiones, tras adquirir Banca Cívica o Sabadell tras absorber CAM. El problema es que la CNC solo tiene en consideración el nivel de competencia nacional, y no el regional, a la hora de aprobar o rechazar una operación.

Un factor de riesgo adicional, paradójicamente, sería "la garantía de competencia impuesta por Bruselas a las entidades rescatadas" a las que se insta a cerrar sus oficinas donde no tengan una influencia natural, expone el secretario general de Comfia-CC OO, José María Martínez.

"Pongamos por caso Badajoz. Si se tienen que ir de allí Caja España-Duero, Novagalicia, Bankia, y Catalunya Caixa, ¿quién va a quedar? Al final solo la caja local, la de Badajoz, y los tres grandes, Santander, CaixaBank y BBVA", ilustra.

El pastel de ocho pasa a ser de cuatro y a partir de ahí, avanza, "los grandes comprarán redes de oficinas baratas pero que les darán mucha cuota" en este tipo de regiones. "Al final, advierte el responsable sindical, "lo que se producirá es más concentración y oligopolio".

Una amenaza que pendería sobre otras áreas, como Andalucía, donde Caixabank -por Banca Cívica- o Unicaja consolidarán su fuerza mientras la mayoría de sus competidores abandonan. Un ejemplo recurrente para referir esta preocupación es el de la Comunidad Valenciana, donde han desaparecido la CAM, Bancaja, la Caja Rural Valenciana y está a punto de hacerlo Banco de Valencia, absorbido por CaixaBank.

Una situación especialmente delicada para una pyme, que pasa de tener 10 puertas a las que llamar a solo un par de entidades a las que pedir condiciones de financiación, denuncia Maudos. El catedrático considera "especialmente peligrosas las fusiones interregionales", como las producidas en País Vasco, donde BBK, Vital y Kutxa han dado luz a Kutxabank, o Cataluña, donde Catalunya, Tarragona y Manresa formaron Catalunya Banc, cita.

En paralelo, denuncian desde CC_OO, estos cierres dejarán sin entidades algunas áreas, especialmente las rurales, tradicionalmente atendidas por las cajas, lo que dificultará el acceso a financiación de sus habitantes.

 

Una media nacional en línea con la UE

Aunque supone un cambio de paradigma para los estándares del país, los datos del nivel de competencia nacional de la banca española no son preocupantes en comparación con la de otros socios europeos. El grado de concentración se mide por el llamado índice de Herfindahl, que varía entre 0 y 10.000 (siendo esta cifra la más preocupante). España está al razonable nivel de 596 puntos, en peor situación que Alemania (397), Italia (407) o Reino Unido (523), al mismo nivel que Francia (601) pero muy por debajo de Portugal (1.208), Grecia (1.278) o Finlandia (3.700). El índice de concentración española, eso sí, es el más alto de la serie histórica (que parte de 1997) superando por primera vez los 581 puntos del año 2000.

Las cinco mayores firmas de cada país, a su vez, controlan rangos que van desde el 33% del mercado en Alemania o el 39% en Italia al 90% en Estonia, frente al 48,1% de España.

http://www.cincodias.com/articulo/mercados/concentracion-bancaria-espana-alcanza-maxima-cota-historica/20130125cdscdsmer_15/

Comienza la dura reconversión bancaria de España

 

Treinta años después de la última gran reestructuración del sistema bancario español, la nación ibérica se ve abocada nuevamente a una reconversión del sector, esta vez apoyada y supervisada por sus socios de la Eurozona.

A finales de la década del 70, 51 entidades financieras españolas sufrieron una crisis de solvencia que llevaron a un aumento de la morosidad y de las tasas de interés que afectaron a todos los bancos y, en menor medida, a las cajas de ahorro.

Esa crisis, que tuvo su origen en una liberalización generalizada del sector y de una falta de control y regulación de las entidades, supuso un rediseño completo del mapa bancario español y condujo más o menos rápidamente a una concentración y centralización del capital financiero.

A diferencia de entonces, la crisis actual derivó de una política de créditos ultra laxa, dictada no por el Banco (Central) de España sino por el Banco Central Europeo (BCE), que tuvo como resultado la creación de una burbuja hipotecaria y de consumo cuyo estallido hundió a toda la economía ibérica.

Ahora y después de cuatro años de negar, primero, y de minimizar, después, la profundidad del desbarajuste financiero del país, el Estado español se vio obligado en junio pasado a solicitar el auxilio de la Union Europea (UE) para intentar rescatar a un sistema técnicamente quebrado.

En 1980-81, años en los que se procesó la reestructuración bancaria anterior, las entidades afectadas manejaban fondos equivalentes a 10.000 millones de euros actuales, empleaban a 36.000 personas y su red de oficinas era de 2.600.

A finales de 2011, las entidades financieras españolas empleaban 223.492 personas, divididas a partes casi iguale entre bancos y cajas de ahorros, distribuidos en 38.000 sucursales , lo que hace saltar a la vista los cambios enormes habidos 30 años después de la anterior quiebra financiera.

Sólo en los últimos dos años, bancos y cajas han cerrado casi 3.000 oficinas y han despedido a 27.000 empleados, más del 10% de sus planteles, mientras se aprestan a entrar en la fase "verdadera" de la reconversión.

El pasado miércoles, la UE dio a conocer los términos en que otorgará la primera fase de la ayuda de hasta 100.000 millones de euros acordada a España el pasado 9 de junio, anuncio que ha impactado fuertemente en Madrid.

La Comisión Europea aprobó inyectar 37.000 millones de euros de fondos europeos de rescate en cuatro entidades que fueron, previamente, intervenidas por el Estado español: Bankia, Nova Caixa Galicia, Catalunya Banc y Banco de Valencia.

La distribución del dinero se hará de la siguiente manera: 18.000 millones serán para Bankia, 5.400 millones para Nova Caixa Galicia, 9.100 millones para Catalunya Banc y 4.500 millones para Banco de Valencia, éste último recién vendido a Caixa Bank (ex La Caixa) por el precio simbólico de un euro.

Que Bankia se lleve casi la mitad de los fondos de rescate aportados en esta oportunidad, se explica porque se trataba de una de las cuatro primeras entidades del país junto con Caixa Bank, Santander y BBVA.

Bankia fue el resultado del primer intento fallido de rescatar a cinco cajas de ahorro menores fusionándolas con la gigantesca Caja Madrid, la cual ya atravesaba también un proceso de quiebra inminente.

En el caso de Bankia, el Estado español ya aportó 4.500 millones de euros en septiembre pasado, a lo cual se suman ahora estos 18.000 millones adicionales de los fondos europeos, elevando a 22.500 millones el costo total del rescate que pagará el fisco español, es decir, los contribuyentes.

A cambio de este primer tramo de créditos, la UE exige a España que cierre miles de oficinas bancarias de estas cuatro entidades (el 40% del total de las existentes); reduzca en un 60% sus negocios y despida 10.000 trabajadores.

Para llevar a cabo estos objetivos, el Gobierno habrá de chocar con los sindicatos que se o ponen a los despidos en masa y también a los pequeños accionistas de esos bancos, quienes adquirieron deuda subordinada y acciones con la promesa de que estaban garantizadas como un depósito a la vista.

Decenas de miles de pequeños inversores, la mayoría de ellos clientes de los bancos y trabajadores o pequeños comerciantes, tendrán que hacerse cargo junto con los contribuyentes de la cargada factura derivada de los ruinosos préstamos realizados por estas entidades a los constructores inmobiliarios.

Se trata, a juicio de todos los analistas locales y extranjeros, de apenas la primera gota de la amarga bebida del ajuste y la reconversión en un sector que acumula deuda y carteras tóxicas de dimensiones no reveladas aún por las autoridades bancarias.

Junto con este primer paso, se establecerá un "banco malo", esto es, una entidad ad hoc que recibirá las deudas dudosas o directamente incobrables de los bancos que serán reestructurados, teóricamente todos los que presenten problemas.

Bruselas ha estimado que unos 45.000 millones de euros serán transferidos como "deudas malas" a esta nueva entidad de la que se hará cargo el Estado.

Un Estado que ha visto crecer su deuda pública desde el 60% hasta más del 90% en los últimos cuatro años, después de haber tenido que acudir al rescate de la banca en quiebra como producto del estallido de la burbuja especulativa-inmobiliaria.

Con el aporte de estos 37.000 millones de euros a mediados de diciembre, El Estado español sumará 4 puntos porcentuales más a la deuda pública del país.

Y todo indica que se trata apenas del aperitivo de una comida que podría ser indigesta a medida que se vaya revelando el real contenido del menú elaborado durante los últimos 15 años por los popes de la banca y la política española.

http://www.telam.com.ar/nota/45701/