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miércoles, 13 de marzo de 2013

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Pulido y Goñi dejaron el consejo de CaixaBank por la bajada de sus sueldos

antoniopulido-enriquegoni.jpgBreve y polémica. La pertenencia de los excopresidentes de Banca Cívica, Antonio Pulido y Enrique Goñi, al consejo de CaixaBank se limitó a escasos tres meses y, según revela el informe de Gobierno Corporativo del banco de La Caixa, dejaron sus cargos por disconformidad con sus sueldos. "Presentaron su renuncia por la aplicación de la Orden del Ministerio de Economía sobre las limitaciones retributivas de los consejeros y entidades de crédito que han recibido ayudas del Frob (...)", explica como motivo de la renuncia dicho informe.
El Gobierno aprobó varias regulaciones en 2012 para rebajar las altas remuneración de gestores de entidades receptoras de ayudas. Si el Estado no entraba en el capital -caso de Banca Cívica- el sueldo de los ejecutivos no podrá superar los 500.000 euros ni los 100.000 euros para sus consejeros -el límite baja a 300.000 y 50.000 euros en las nacionalizadas como BFA, matriz de Bankia; CatalunyaCaixa y Novagalicia-. El tope redujo casi a la mitad los emolumentos de Pulido y Goñi, que en 2011 habían cobrado 903.660 y 902.310 euros, respectivamente.
Pero ambos se enfrentan a la tesitura de ver, de nuevo, caer sus ingresos otro escalón al mudar el rango de primeros ejecutivos por consejeros en CaixaBank, cuando éste absorbió Banca Cívica en julio pasado. La compensación máxima permitida al haber recibido Banca Cívica 977 millones del Fondo de Reestructuración (Frob) era de 100.000 por sentarse en un consejo. CaixaBank estaba habilitada además para fijar otra retribución en virtud del real decreto de 3 de agosto, siempre que lo justificase adecuadamente, el Banco de España elevase una propuesta "motivada" y el Ministerio de Economía lo aprobase. Y debió ejercer el derecho a tenor de los pagos revelados en el informe de Gobierno Corporativo.
Antonio Pulido y Enrique Goñi, en una foto de archivo.A Goñi y Pulido se les abrió entonces la opción de pasar como directivos al holding Criteria, lo que pudo facilitar su renuncia en el máximo órgano de administración del banco. La limitación normativa les obligaba, al parecer, a elegir entre el parco sueldo de un consejero dominical o el del puesto directivo en el holding industrial que gestiona las participaciones de CaixaBank.
La razón de restrincción salarial alegada en el Informe es susceptible, no obstante, de no ser el único detonante de su salida. El nombramiento de consejeros resultó muy cuestionado por los sindicatos. A ambos ejecutivos, con fuerte personalidad, les precedía el haber protagonizado desencuentros internos como copresidentes de Cívica. Y su gestión estaba tocada por decisiones como la frustrada salida a Bolsa y la alta exposición al ladrillo que les llevó a buscar una fusión a marchas forzadas para cumplir con las reglas de saneamiento, lo que abocó a su integración en CaixaBank.





martes, 12 de marzo de 2013

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Los consejeros de Banca Cívica se enfrentan a 21 años de cárcel


Los consejeros de Banca Cívica se enfrentan a 21 años de cárcel

La admisión en la Audiencia Nacional de la querella que presentó Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra los 15 consejeros que participaron en el proceso de integración de Banca Cívica y en su posterior salida a bolsa puede saldarse con condenas de hasta 21 años de cárcel por la presunta responsabilidad de los acusados en el colapso de la entidad y en la consiguiente pérdida de valor para sus accionistas.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco considera en su auto de admisión que los hechos denunciados, avalados también por la Fiscalía, pueden ser constitutivos de hasta cinco delitos penados con prisión. En concreto, Velasco subraya que los administradores podrían haber incurrido en “falseamiento de cuentas o de la situación jurídica de la entidad, ocasionando el oportuno perjuicio”, “administración fraudulenta de bienes societarios o contracción de acciones de perjudiciales”, “publicidad falsa en valores negociables en mercados de valores”, “maquinaciones para alterar el precio de las cosas” y “apropiación indebida”. El Código Penal fija para estas tipologías delictivas hasta 21 años de cárcel en total. Además, tanto los consejeros acusados como CaixaBank, actual propietaria de Banca Cívica, se enfrentan a laresponsabilidad civil que pueda derivarse de la causa.

El magistrado argumenta su auto de admisión recordando que el proceso de salida a bolsa provocó una depreciación del 43,2% del capital de más de 26.000 pequeños inversores que compraron acciones de Banca Cívica tras su debut en el parqué en julio de 2011. Asimismo, subraya que la mala gestión del banco –resultado de la fusión de Caja de Ahorros de Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol- provocó que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tuviera que aportar 977 millones de euros de fondos públicos para evitar su quiebra. 

“Prevaricación por omisión” 

Para Velasco, en los datos aportados por el denunciante hay indicios suficientes de que pudo producirse un fraude a los inversores mediante operaciones contables que tuvieron como “objeto crear la apariencia de una mayor solvencia que la real para poder realizar la fusión de las entidades que finalmente conformaron Banca Cívica”. El juez también apunta a la insuficiente supervisión y el “control imprudente” de las cajas, que podría suponer “una actuación de prevaricación por omisión” por parte de los acusados.

El proceso guarda muchas similitudes con el caso Bankia, también en la Audiencia Nacional y con 33 exconsejeros sentados de forma provisional en el banquillo por las presuntas irregularidades que cometieron en el proceso de integración de la entidad y en su posterior salida a bolsa. No obstante, mientras Bankia sigue operando como una entidad autónoma, los activos de Banca Cívica tuvieron que ser completamente absorbidos en agosto de 2012 por CaixaBank, ante su incapacidad para cumplir con los compromisos de solvencia que le exigió el Ministerio de Economía y Competitividad.

La investigación de Banca Cívica quedará centralizada en la Audiencia Nacional. El Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona había dado los primeros pasos para averiguar si había responsabilidades civiles y penales en la caída del banco, pero Velasco le ha pedido que se inhiba a favor de su juzgado al considerar que los hechos que se investigan se produjeron en varias comunidades autónomas, no sólo en Navarra. No obstante, considera que las irregularidades que pudieron haberse cometido exclusivamente en Caja de Ahorros de Navarra (CAN) antes de la fusión, que son objeto de otro proceso, pueden seguir siendo instruidos en Pamplona, al carecer de conexión con el conjunto de la causa.

Entre los 15 consejeros acusados se encuentran los expresidentes de las cuatro entidades fusionadas, Antonio Pulido (Cajasol), Enrique Goñi (CAN), Álvaro Arvelo (Caja Canarias) y José María Leal (Caja Burgos). También les acompañan el exsecretario de Estado para el Deporte Rafael Cortés Elvira y el exsecretario de Estado de Economía y expresidente del G-14 de las Inmobiliarias Pedro Pérez Fernández. Algunos de los acusados siguen ocupando en la actualidad cargos directivos en CaixaBank.